Un juzgado de Madrid admite la querella de Anticorrupción contra el despacho fundado por Montoro
La fiscalía pide investigar a los integrantes de Equipo Económico por un contrato a dedo de la Cámara de Comercio de España y les acusa de presuntos delitos de malversación, prevaricación y falsedad en documento mercantil, entre otros.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en una imagen durante un pleno del Congreso de los diputados. / Emilio Naranjo (EFE)
Madrid
El Juzgado de instrucción número 22 de Madrid admitió a trámite el pasado 25 de abril la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra los integrantes del despacho fundado por Cristóbal Montoro en 2006, entre ellos, exaltos cargos y colaboradores de su gabinete y dirigido por el exsecretario de Estado de Hacienda en el gobierno de Aznar, Ricardo Martínez Rico.
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La Fiscalía presentó la querella por presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y falsificación de documento público el pasado mes de abril tras llevar a cabo numerosas diligencias de investigación por un contrato adjudicado a dedo y con caracter urgente por el Consejo Superior de Cámaras y del que pide investigar si se adjudicó vulnerando la Ley de Contratos del Estado que establece que a partir de 12.000 euros las licitaciones no pueden ser directas.
El ministerio público sostenía en la querella que las Cámaras no debieron adjudicar el contrato sin sacarlo a concurso y de forma directa a Equipo Económico. El expresidente del Consejo Superior de Cámaras, Manuel Teruel, prestó declaración ante la fiscalía en 2015 y justificó que el contrato inicial superaba los 200.000 euros, pero se quedó en unos 90.000 euros sin incluir IVA. Según la versión de Teruel, el trabajo se pagó con fondos privados ya que en la Cámara de Comercio de España solo se aplica la normativa de contratos públicos cuando las actividades están financiadas con los fondos de la Comisión Europea.
El encargo a Equipo Económico consistía en la elaboración de un documento que sirviera como borrador durante la tramitación de la nueva Ley de Cámaras de Comercio que se tramitó en 2012 y se aprobó en el Congreso en 2014.
Entre los siete investigados contra los que se dirige la querella están el hermano del ministro, Ricardo Montoro; los tres socios directores del bufete, Salvador Ruíz, ex director general de la Agencia Tributaria; Francisco Piedras, exdirector del Gabinete de Martínez Rico en la Secretaría de Estado; y Manuel Vicente-Tutor, también en Hacienda en la anterior etapa de Cristóbal Montoro como exjefe del gabinete técnico de la Agencia Tributaria.
Montoro fundó el despacho en el año 2006 bajo el nombre de Montoro y Asociados después de ser ministro con Aznar y cesó tras volver a la política en la pasada legislatura.
