La Audiencia Nacional no prohíbe el homenaje al sindicalista Díez Usabiaga

Madrid

Así lo ha decidido el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu en base a los informes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Ertzaintza, que aseguran que no existen connotaciones con organizaciones ilegalizadas o similares detrás de la organización o de la convocatoria del recibimiento al preso.

En su auto, explica el juez que "no existe constancia alguna que permita afirmar que se haya producido o se vaya a producir delito alguno" ni en la concentración convocada frente a la cárcel de El Dueso, en Cantabria, ni tampoco en el recibimiento programado en Lasarte. Todo esto, afirma, a la espera de que se celebren: "Sin perjuicio de que si en el control y seguimiento de la manifestación se produjeran actos que pudieran constituir ilícitos penales", dice el auto. 

La asociación Dignidad y Justicia había pedido la prohibición de los actos de recibimiento al ex secretario general de LAB, Rafael Díez Usabiaga, cuya salida de prisión esta prevista para mañana, tras cumplir una condena de seis años por pertenencia a ETA al tratar de reconstruir Batasuna a través del proyecto Bateragune. La asociación alega que se podría cometer un delito de exaltación del terrorismo.

A la salida de la prisión de El Dueso (Cantabria) se ha convocado un acto de recibimiento más tarde, a las 19:30 horas, se ha convocado en la plaza Okendo de la localidad guipuzcoana de Lasarte un homenaje al exsecretario general de LAB.

Según Dignidad y Justicia, "estas convocatorias se han organizado por la dinámica 'Kalera Kalera', que no viene a ser sino una plataforma encargada de mostrar el apoyo a los presos de ETA y a los miembros de dicha organización terrorista huidos de la justicia, como en su momento hicieron las organizaciones Herrira, suspendidas sus actividades por su vinculación con ETA, así como las organizaciones ilegalizadas Gestoras Pro Amnistía/Askatasuna o el movimiento Pro Amnistía".

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El exsecretario general de LAB fue condenado en septiembre de 2011 junto a Arnaldo Otegi por un delito de pertenencia a organización terrorista, ambos en grado de dirigentes, a las penas de diez años de prisión, inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo e inhabilitación para el empleo de cargo público. El Tribunal Supremo rebajó la condena a seis años y medio de cárcel al considerarles integrantes, y no dirigentes, de ETA.