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Jueves, 28 de Mayo de 2020

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La desobediencia por el referéndum ilegal llega al Tribunal Supremo

La desobediencia de los diputados y parlamentarios catalanes a cumplir la orden de suspensión del referéndum ilegal dictada por el Tribunal Constitucional llega al Tribunal Supremo dada la condición de aforado del parlamentario Ferran Bel

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial Carlos Lesmes (i), junto al presidente del TSJC, Jesús M. Barrientos (d) a la salida de una reunión de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial Carlos Lesmes (i), junto al presidente del TSJC, Jesús M. Barrientos (d) a la salida de una reunión de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) / Quique García (EFE)

Hasta ahora las querellas que presenta la fiscalía se remitían a los juzgados ordinarios en caso de que los supuestos autores de la desobediencia fueran particulares o funcionarios y al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en los casos de diputados autonómicos o miembros del Govern.

Ahora, la condición de parlamentario en el Congreso de Ferran Bel Accensi, por PDeCat, y alcalde del Ayuntamiento de Tortosa, ha obligado al Fiscal General a solicitar la apertura de unas diligencias de investigación en el Tribunal Supremo contra este aforado nacional.

Jose Manuel Maza ha dado instrucciones a los fiscales del Supremo para investigar si el ayuntamiento de Tortosa está cooperando con la celebración de un referéndum ilegal y para que el diputado Bel Accensi declare en calidad de investigado asistido de abogado.

Los alcaldes-diputados

El fiscal también ha dado órdenes a la fiscalía del TSJ de Cataluña para que procedan a la citación en calidad de investigados (imputados) de los alcaldes que apoyan el referéndum soberanista catalán y tienen la condición de aforados por ser parlamentarios.

En concreto, a los diputados autonómicos y alcaldes de Mollerusa, Seu d'Urgell, Valls y Vilanova i la Geltrú, Marc Solsona, Albert Batalla, Albert Batet y Neus Lloveras, respectivamente. Pero la lista es mas amplia.

Ellos forman parte de la lista de 712 alcaldes a los que Maza pidió citar como imputados por firmar decretos para ceder locales al Govern de la Generalitat para organizar el referéndum soberanista del 1 de octubre. Pero, debido a su aforamiento, los diputados autonómicos solo pueden ser investigados por el Tribunal Superior de Justicia catalán y el diputado nacional por el Tribunal Supremo.

Desde la fiscalía se precisa que cada fiscalía provincial realizará las gestiones oportunas para determinar si hay más alcaldes aforados y, una vez que se confirme, se procederá del mismo modo con ellos. A diferencia del oficio que remitió Maza a esas fiscalías provinciales esta semana para pedir que se investigara a los alcaldes, en esta ocasión no pide la detención de los citados si se niegan a comparecer.

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