El Defensor del Pueblo lleva a la Fiscalía General del Estado el caso de la madre y el niño separados tras llegar en patera
La institución que dirige Fernández Marugán exige que se habilite al menos un período de visitas hasta que se resuelva el expediente
El pequeño de 4 años llegó hace 6 meses en patera a Melilla, su madre un mes después a Andalucía
A pesar de haber presentado pruebas de ADN o fotografías el Servicio de Protección del Menor de la ciudad autónoma no ha permitido ningún contacto de la madre con su hijo en todo este tiempo
Madrid
El Defensor del Pueblo llevaba desde agosto requiriendo al Servicio de Protección del Menor de Melilla que permitiera el reencuentro del niño con su madre, pero su reincidente negativa ha llevado a la institución que dirige Francisco Fernández Marugán a trasladar el caso a la Fiscalía general del Estado.
Según el escrito al que ha tenido acceso la SER, el "incumplimiento del Protocolo Marco de Menores No Acompañados y la demora en las pruebas de ADN" son los argumentos que han llevado al Defensor Del Pueblo a pedir a la Fiscalía que lleve a cabo las actuaciones oportunas para corregir el comportamiento de la Consejería y permita la reunificación familiar. La ONG Womenslink y la Fundación La Merced Migraciones denunciaron ante el Defensor ya desde el mes de julio lo que consideran una clara discriminación hacia esta mujer costamarfileña. Madre e hijo llegaron a España en dos pateras diferentes con un mes de diferencia, ella sigue en Andalucía y el niño en Melilla donde fue rescatado cuando la barcaza naufragaba.
La última respuesta de la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla ante los requerimientos del Defensor del Pueblo a que permitiera el contacto del niño con su madre vuelve a "rechazar como no válidos los documentos que se adjuntaban a la solicitud de reintegración familiar y, por tanto, no se considera que la interesada sea la madre del menor.
Se indica, asimismo, que están a la espera de que se acredite el vínculo familiar a través del ADN y que dichas pruebas deben realizarse en la Universidad de Granada con la que existe un convenio a estos efectos" se cita en el documento remitido por la oficina del Defensor a las ONG que pidieron su intervención. Fernández Marugán, Defensor del Pueblo en funciones, pide que "se asigne a la Sra. Totopa un régimen de visitas hasta que pueda acreditar su vínculo familiar".
