La Audiencia Nacional imputa por sedición a Josep Lluis Trapero, mayor de los Mossos
La magistrada Carmen Lamela cita este viernes a declarar como investigados a Josep Lluís Trapero, mayor de los Mossos; a Teresa Laplana, intendente; y a los presidentes de Òmnium Cultural, Jordi Cruixat; y ANC, Jordi Sánchez
Declararán por los altercados del 21 de septiembre en Barcelona, tras la detención de 14 cargos de la Generalitat y los 41 registros en consejerías y otras oficinas e instituciones para desmontar la organización del referéndum ilegal
Madrid
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela cita este viernes como imputados a Josep Lluís Trapero, mayor de los Mossos; a Teresa Laplana, intendente; y a los presidentes de Òmnium Cultural, Jordi Cruixat; y ANC, Jordi Sánchez por un delito de sedición, según fuentes de la Fiscalía del mismo órgano jurisdiccional.
- "una barbaridad"
Les cita a declarar como investigados por su supuesta vinculación con los hechos que tuvieron lugar los pasados 20 y 21 de septiembre, cuando un gran número de personas protestaron por las detenciones de 14 cargos de la Generalitat relacionados con la organización del referéndum suspendido por el Constitucional.
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La juez les cita después de recibir el atestado de la Guardia Civil, que destaca el papel de Cuixart y Sánchez en la organización del colectivo que impidió el normal desarrollo de la operación Anubis y los registros a los agentes y a la comisión judicial.
FOTOGALERÍA | Uno de los tres coches de la Guardia Civil que los manifestantes destrozaron ante la Consellería de Hacienda. / QUIQUE GARCÍA (EFE)
FOTOGALERÍA | Uno de los tres coches de la Guardia Civil que los manifestantes destrozaron ante la Consellería de Hacienda. / QUIQUE GARCÍA (EFE)
Ese atestado también destacaba que Jordi Sánchez llegó a llamar por teléfono a Trapero mientras los agentes estaban sitiados para ofrecerse como mediador, y que la intendente de los Mossos, Teresa Laplana, no atendió las reiteradas llamadas de los guardias civiles para que les auxiliaran durante la operación, en la que los manifestantes llegaron a causar daños de consideración a los vehículos de la Guardia Civil.
El delito de sedición lleva aparejadas penas de hasta 15 años de cárcel si quien lo comete es una autoridad. En caso contrario, de 8 a 10 años de presidio.
