La justicia belga deja en libertad provisional a Puigdemont y a los cuatro exconsellers

Bruselas

Ni fianza ni prisión preventiva. La justicia belga no sigue a la española y deja en libertad provisional a Puigdemont y a los cuatro consellers cesados que lo acompañan sin fijar más restricciones que el compromiso de no abandonar el territorio, comunicar una residencia fija y presentarse a toda convocatoria judicial.

No es el final del proceso. En 15 días sabrán si el juez acepta trasladarlos a España como pide la orden de detención y arresto cursada por España, pero los recursos que admite este proceso dan 60 días de margen, prorrogables hasta 90, lo que permite al president cesado por Rajoy poder hacer campaña.

Sobre este tema "no hay ninguna restricción", han explicado a la SER fuentes de la fiscalía, que previamente habían apuntado la posibilidad de que el juez pudiera limitar o prohibir los contactos con los medios de comunicación, algo que no ha pasado.

Sin embargo, Puigdemont y su equipo han dejado el juzgado en un mismo vehículo policial, blanco y monovolúmen, evitando enfrentarse a las cámaras y micrófonos que durante el largo día, les esperaban fuera.

El final de un largo día

Su confirmada libertad provisional ha sido el final de un largo día que para ellos había comenzado a las 9:17 cuando acompañados de sus abogados se han presentado en la Comisaría central de la Policia Federal belga, donde han quedado arrestados de forma temporal.

"La detención es una obligación fijada por la orden europea de arresto", explicaba el portavoz de la fiscalía, pidiendo no sacar conclusiones equivocadas porque desde el primer momento la administración judicial belga ha valorado la disposición de Puigdemont y su equipo para colaborar con la justicia.

"Se han presentado como habían pactado sus abogados", ha dicho el portavoz a la Cadena SER, valorando "que hubieran cumplido lo prometido".

Previamente, fuentes de la fiscalía habían expresado un cierto malestar por las informaciones que en la prensa española indicaban que se había ordenado la detención de las cinco personas reclamadas, dando a entender que el formato judicial se había consensuado con los representantes de los interesados.

Un proceso dentro de un clima político de críticas abiertas a la gestión del Gobierno español. Críticas iniciadas por la excomisaria de Justicia Europea Viviane Reding que consideraba un drama haber dejado "pudrir" el problema catalán para "empujar a los jueces a resolver lo que tenían que haber hecho los políticos".

Poco después, el viceprimer ministro de Charles Michel, Jan Jambon, titular de Interior, preguntaba en las páginas del periódico Le Soir qué habían hecho de malo "los miembros de un gobierno elegido democráticamente para estar en la cárcel", mientras el jefe de la oposición, el socialista Elio di Rupo trataba directamente a Rajoy de "franquista autoritario".

Dos posiciones que aunque han sublevado al eurodiputado popular Esteban González Pons, indican un estado de opinión en la clase política y en la sociedad belga que es la primera en la UE en cuestionar abiertamente la estrategia del Gobierno español ante el independentismo.

Carles Puigdemont ha escrito esta mañana en un tuit: "En libertad y sin fianza. Nuestro pensamiento es para los compañeros injustamente encarcelados por un Estado alejado de la práctica democrática".