Tribunales

El Supremo no se fía: Forcadell volverá a la cárcel si incumple su palabra de obedecer a la Constitución

Las razones del juez para proponer prisión eludible bajo fianza y no prisión incondicional como solicitada la Fiscalía

El coche que llevó a Carme Forcadell a la cárcel madrileña de Alcalá-Meco después de que el juez Pablo Llarena haya decretado para ella prisión eludible con el pago de una fianza de 150.000 euros. / FERNANDO VILLAR EFE

Madrid

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena aceptó las explicaciones de la expresidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell, sobre su intención de hacer política sin salirse de los cauces que marca la Constitución Española.

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Ese compromiso llevó a Llarena a descartar la prisión incondicional que pedía para ella la Fiscalía del Supremo e imponer una prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros, que abonará en las próximas horas.

Ahora bien, el magistrado Llarena avisa en el auto que firmó el jueves de las consecuencias que tendría el hecho de que Forcadell y el resto de los miembros de la Mesa afectados por su resolución volvieran a situarse fuera del marco constitucional: "No se escapa que las afirmaciones de todos ellos pueden ser mendaces, en todo caso, han de ser valoradas en lo que contienen, sin perjuicio de poderse modificar las medidas cautelares si se evidenciara un retorno a la actuación ilegal que se investiga".

Llarena explica así las razones que le llevaron a proponer prisión eludible bajo fianza y no prisión incondicional como solicitada la Fiscalía: "En todo caso, lo que se evalúa es el riesgo de reiteración en ese comportamiento, lo que debe hacerse considerando que el devenir político más próximo y cercano pudiera propiciar la persistencia en la actuación fuera del marco constitucional y transformar la próxima legislatura, en un ilegal proceso constituyente. En todo caso, todos los querellados, no es que hayan asumido la intervención derivada de la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, sino que han manifestado que, o bien renuncian a la actividad política futura o, los que desean seguir ejerciéndola, lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional".

Del cumplimiento de este compromiso que los imputados hicieron durante su declaración en el Supremo dependerá el futuro de su situación judicial.

 
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