La familia de Blesa hereda la multa por las 'tarjetas black'

Madrid

El Tribunal Supremo ha confirmado que la condena a seis años de cárcel, es decir, la responsabilidad penal de Miguel Blesa por el caso de las tarjetas black, se ha extinguido con su muerte pero se mantiene la responsabilidad civil y, por tanto, la obligación de responder por el importe desembolsado durante su mandato como presidente, aproximadamente 9,3 millones de euros.

El Alto Tribunal sostiene que los herederos podrían haber continuado con el recurso pero su abogado no presentó el poder para representarles, lo que automáticamente se interpreta como que se desiste de la protesta y, en consecuencia, la condena de la Audiencia Nacional es firme.

La Sala Penal del Tribunal Supremo afirma que el procurador "no ha aportado poder de los herederos para sostener el recurso, por lo que debido al tiempo transcurrido, el recurso debe tenerse por desistido y debe declararse desierto". El fallecimiento de una persona extingue su responsabilidad penal, pero no la civil que pasa a los herederos del fallecido y a sus causahabientes, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

A partir de ahora, la Audiencia Nacional deberá ejecutar el fallo y procederá a la venta de sus bienes, que estaban embargados si no se recupera todo el dinero. Blesa tenía un chalé en La Florida de Madrid, una vivienda en El Escorial y dinero en bancos. El Supremo sigue estudiando mientras tanto los recursos de los otros condenados.