Urdangarin, Torres y Matas impugnan los recursos que les reclaman más prisión

Madrid

Iñaki Urdangarin, Diego Torres y Jaume Matas han impugnado ante el Tribunal Supremo los recursos de la Fiscalía y los gobiernos de Valencia y Baleares que reclaman más penas de cárcel para los tres condenados por la Audiencia de Palma en el marco del caso Nóos. El marido de la infanta fue condenado a más de seis años de cárcel, su exsocio a más de ocho y el expresidente balear a más de tres años de reclusión.

Urdangarin asegura que no aportó al proceso ningún documento porque no se encargaba de temas fiscales, contables ni financieros y que "no se le puede demandar peras al olmo". Añade que nunca hubo un pacto verbal para hacer los foros de turismo y deporte en Baleares y Valencia sino una "conformidad política previa a la suscripción de los convenios de colaboración" y que es falsa "la sempiterna referencia" de que no se siguió el procedimiento legal establecido. En primer lugar, porque no existe previsión legal que regule este tipo de convenios y en segundo lugar porque solo él tenía capacidad para organizar este ciclo de conferencias, ya que "el know how no es público y sigue perteneciendo en exclusiva al Instituto Nóos".

Diego Torres acusa a la Fiscalía de "faltar a la verdad" y defiende que no puede haber delito de malversación cuando se ha cobrado por lo debidamente realizado, "tareas ejecutadas con notable éxito" como quedó demostrado en el juicio. Afirmar lo contrario sería atribuir a la administración pública un "enriquecimiento ilícito". Además justifica la "utilidad pública" de los convenios preguntándose si "luchar contra la estacionalidad del sector turístico no es relevante" y subraya que esos convenios no fueron adjudicados al Instituto Nóos por "el posicionamiento que tenía Iñaki Urdangarin". Por último, ataca con dureza a la Generalitat Valenciana por la "inaudita osadía" de su recurso que no es más que una "amalgama de disparates".

Por su parte, la defensa de Jaume Matas asegura que no puede haber un delito de malversación, tal y como reclama la Fiscalía del Tribunal Supremo, porque la sentencia de instancia reconoce que aunque el govern balear no siguiera el procedimiento correcto para contratar con Iñaki Urdangarin y Diego Torres "no ha habido perjuicio para las arcas públicas".