La agenda del 'procés': De la petición de la CUP a las dudas de Artur Mas

Una agenda intervenida por la Guardia Civil en el registro que se llevó a cabo el 20 de septiembre en el domicilio de Josep Maria Jové, exsecretario general del Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, revela el rol que desempeñaron Artur Mas, Marta Rovira, Anna Gabriel o el jurista Carles Viver, entre otros, en el comité estratégico del 'procés' para conseguir la independencia de Catalunya.

Las conclusiones de estas anotaciones fechadas entre el 12 de febrero de 2015 y el 11 de noviembre de 2016 mencionan "la hoja de ruta y el proceso hacia la independencia para alcanzar la República catalana"; "el referéndum de independencia"; "estructuras de Estado"; "leyes de desconexión" y "estrategia de desobediencia".

La agenda resume debates internos sobre el control o no de los Mossos y la necesidad de crear estructuras de Estado como un Banco Central o una Hacienda y Seguridad Social propias. En cuatro fases, dos de ellas fuera de la Constitución, el Govern pretendía desarrollar sus Aduanas, el Catastro, el Ente Gestor Integral de Tributos, el régimen fiscal general y la regulación específica de los tributos.

En sus conclusiones, la Guardia Civil señala que ya en marzo de 2015 se habla abiertamente de república catalana, de independencia y de repercusión internacional. Al ser Jové 'hombre de confianza' del líder de ERC, se subraya en su agenda la visión de esta formación sobre diferentes aspectos como la negociación tras las elecciones del 27 de septiembre de 2015 que acabó con Carles Puigdemont investido como presidente tras la renuncia de Artur Mas.

Las anotaciones de Jové sobre las negociaciones del Govern continúan en febrero de 2016, cuando se consideraba que un referéndum no pactado y unilateral "no tenía sentido", aunque se pensaba internamente que la única manera de que internacionalmente se presionase al Estado era "ir hasta el final". "Anotaron expresamente que ello", dice la Guardia Civil sobre un referéndum sin pacto previo, "podría suponer hacer el ridículo".

El 30 de junio de 2016 se anota que Joan Vidal, gerente de Òmnium y entonces secretario del Govern, es el encargado de "elementos relacionados con el referéndum tales como el censo de votantes, el registro de funcionarios voluntarios o la posibilidad de utilizar doble urna".

En junio de 2016 es cuando asumen que tendrán que recurrir a la vía unilateral ante la ausencia de negociación del Gobierno de Mariano Rajoy. La estrategia se tenía que "revestir de legalidad y determinar qué papel jugarían otros actores como la Intervención General, la Administración Local o los Mossos d'Esquadra".

La lealtad de los Mossos es motivo de numerosas anotaciones. Fue Artur Mas el que el 8 de noviembre de 2016 aseguró que la policía catalana "haría siempre lo que les dijesen los jueces", sin que desde el Departamento de Interior se ordenara lo contrario. Su propuesta era "pactar las reacciones con la finalidad de coordinar la respuesta y ser eficaces en la gestión de la protesta".

El 31 de marzo de 2016 se estudia con la CUP la estrategia de desobediencia para "avanzar hacia la ruptura social y nacional", que consideran "la herramienta imprescindible para construir la República incluso negociando unos presupuestos fruto de la austeridad". Artur Mas plantea dudas sobre el papel del Parlament, qué harían las empresas o si se podría asegurar el tráfico financiero. El expresidente aboga por "calibrar bien las consecuencias de las reacciones del Estado".

Rovira pide calma

El 31 de agosto de 2016 RR, a quien se identifica como Raül Romeva, insiste en incluir a los comunes en la negociación de un referéndum no unilateral. Las anotaciones de Jové prueban que la división va aumentando: Jordi Turull (JT) muestra su preocupación por la "desestabilización del Parlament" si los letrados cesan y generan inseguridad. Marta Rovira (MR) "quiso calmar la situación diciendo que eso se solucionaba teniendo claro adónde iban". El instituto armado subraya que "en la práctica el calendario" que refleja Jové "se respetó casi en su totalidad", con la implicación de empresas públicas registradas por la policía judicial como el CTTI o el Idecast.

Es el propio Jové quien deja constancia de que "las decisiones serían colegiadas y que antes de la convocatoria estaría todo licitado y adjudicado a través de contratos marco con un calendario fijado sin olvidar la solicitud de los informes legales respecto al censo, aspectos penales y a implicaciones de posibles requerimientos del Tribunal Constitucional". "Se ha evidenciado", dice la Guardia Civil, "que esta premisa de adjudicación a través de contratos marco se ha cumplido al menos en el desarrollo de la web del voluntariado, del envío de correo postal a través de Unipost y de la inserción de publicidad del registro de catalanes en el exterior y de difusión del referéndum a través de un anuncio de vías de tren, ambas a través de Focus Media".

Aviso en caso de detenciones

La hasta ahora portavoz de la CUP en el Parlament, Anna Gabriel, pidió que algún miembro de los Mossos d'Esquadra les avisaran en caso de que se fueran a producir detenciones por la organización del 'procés' para que estuviesen informados y se pudieran coordinar e incluso barajaron la posibilidad de pactar un protocolo al respecto. Su nombre aparece bajo las siglas de AG en las anotaciones que efectuó  Josep María Jové.

En la libreta Moleskine incautada por la Guardia Civil durante el registro efectuado en su domicilio, se refieren a la exdiputada antisistema con las siglas AG. Explican que su intención era de no renunciar a la estrategia de la desobediencia y que nunca pedirían a sus votantes que lo hicieran. Las anotaciones revelan que ella misma pidió que se les avisara si se procedía a detenciones y que algún mando --en referencia a los Mossos-- avisase a cualquier cargo político para que estuviesen informados y se pudieran coordinar.

En una reunión con fecha de marzo de 2016 entre miembros de la coalición Junts Pel Sí y la CUP, los miembros del gobierno cesado reconocieron que la formación antisistema solo aprobaría los presupuestos para el ejercicio de ese mismo año a cambio de medidas concretas relacionadas con el proceso soberanista. Por ello consideraron necesario encontrar "una estrategia" para que estos se sumaran a la iniciativa propulsada por el gobierno de Carles Puigdemont aunque reconocieron que no les podían explicar algunos datos porque "no son un departamento más", por lo que era necesaria la "discreción". En sus escritos, Jové reconoció que si potenciaban una estrategia "externa" con la CUP la "carga política" sería "muy potente" aunque esta relación podría acabar sin consenso y llegar a un punto muerto.