El Canal incumplió la Ley de Blanqueo de Capitales con la compra de Emissao
La filial latinoamericana del Canal incumplió la legislación española antiblanqueo al ejecutar la operación desde dos cuentas fiduciarias en paraísos fiscales, con las que ocultó a los beneficiarios reales del negocio
Según el informe, el método de pago tuvo lugar sin la aprobación del consejo del Canal ni de la Consejería de Economía
El Canal incumplió la Ley de Blanqueo de Capitales con la compra de Emissao / Getty Images
Madrid
El informe de la auditora Ernst & Young aportado al caso Lezo constata múltiples irregularidades en el procedimiento de compra de la empresa brasileña 'Emissao', uno de los puntos fundamentales de la causa judicial, y el empleo de diversas fórmulas opacas e ilícitas para ocultar a los verdaderos destinatarios de la operación y supuestamente, el cobro de comisiones millonarias.
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La auditora revela que la filial latinoamericana del Canal, Inassa, que dirigía Edmundo Rodríguez Sobrino, mano derecha del expresidente madrileño Ignacio González, incumplió la Ley 10/2010 de 28 de abril sobre la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo porque sin comunicarlo ni obtener autorización previa del consejo del Canal, ni de la Consejería de Economía, pagó los más de 36 millones de euros que acabó costando Emissao a través de dos cuentas fiduciarias en paraísos fiscales.
El uso de las cuentas o contratos de fiducia es muy común en los casos de operaciones opacas, en las que se quiere ocultar al destinatario real del dinero. Suelen utilizarse como testaferros del beneficiario efectivo.
Un año después de abonar más de 36 millones por Emissao, la empresa solo valía cinco. Supuestamente, Ignacio González y sus socios en la operación se repartieron al menos 5.4 millones de dólares en comisiones.
El informe también corrobora que la exdirectora financiera del Canal y persona de confianza de Edmundo Rodríguez, María Fernanda Richmond, conocía la existencia de las fórmulas opacas de pago en paraísos fiscales. Las decisiones se tomaban desde Inassa, asegura el informe, que estaba presidida por Rodríguez Sobrino.
El informe detalla que ha encontrado numerosas “inconsistencias, descuadres, existencia de numerosas cuentas bancarias y ausencia de trazabilidad de los fondos”, que hacen necesario un análisis contable forense “de todos los movimientos de tesorería”, tanto de los cobros como de los pagos “de Inassa y sus sociedades filiales” en los últimos años, y propone su realización.
