El abogado de Pilar Barreiro: "Se contrató una publicidad que se hizo y se pagó"
La senadora del Partido Popular ha declarado como imputada en el Tribunal Supremo durante hora y media: fuentes jurídicas confirman a la SER que por ahora la causa sigue abierta y no será archivada a corto plazo, con diligencias todavía por practicar
Madrid
Pilar Barreiro ha comparecido durante hora y media ante la jueza Ana Ferrer por su presunta implicación en la trama Púnica, y lo ha hecho para defender la legalidad de uno de los contratos investigados y la inexistencia del segundo. Según ha explicado a la salida su abogado, José Pardo, la declaración como investigada de la senadora del Partido Popular "ha ido muy bien".
Fuentes jurídicas han confirmado a la Cadena SER que Barreiro sigue imputada y la causa abierta, sin que por ahora existan motivos suficientes para dictar el archivo de la investigación, teniendo incluso diligencias todavía por practicar.
Barreiro, exalcaldesa de Cartagena, ha llegado al Tribunal Supremo a las diez menos cinco de la mañana y ha salido dos horas y media más tarde sin hacer declaraciones y evitando las cámaras. A las puertas, su abogado, ha asegurado que ella ha defendido, en primer lugar, la legalidad del contrato de promoción del turismo en Cartagena bajo el que, según los investigadores, pagó al empresario Alejandro de Pedro por cuidar su imagen en internet: "Se contrató una publicidad que se hizo y se pagó", ha dicho. Sobre la segunda maniobra, esta vez en la Consejería de Educación murciana, ha señalado que "se contrató una reputación que no llegó a terminarse y que iba a pagar el partido, no hay ningún delito en nada".
El letrado ha vaticinado el archivo de la causa, relacionando este caso con otro de corrupción, Novo Carthago, que finalmente resultó archivado por este mismo Tribunal Supremo: "Es exactamente lo mismo, lo que si que les pediría es que después le pidan perdón, la pobre lo está pasando muy mal", ha añadido.
"Prefiero no hablar de la UCO", ha dicho el letrado sobre la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que en el pasado ya había desestimado los argumentos de Barreiro, afirmando en sus informes que Barreiro usó sus influencias en el consistorio de Cartagena para que Alejandro de Pedro cobrase de las arcas públicas, y que el segundo contrato sólo quedó anulado por el estallido y la detención del empresario.