La SER accede en exclusiva al acta de reunión de la junta de seguridad catalana

Madrid

La Cadena SER ha tenido acceso al acta de la sesión extraordinaria de la Junta de Seguridad de Cataluña que se celebró el día 28 de septiembre del pasado año, dos días antes de la celebración del referéndum declarado ilegal por el Constitucional. Según se deduce de la transcripción de la reunión que duró aproximadamente dos horas, el Govern acudió a la reunión con la intención de celebrar el referéndum a pesar de tener constancia de que si no se cerraban los colegios la policía actuaría incluso haciendo uso de la fuerza.

La junta fue presidida por el que entonces era presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont que estuvo acompañado por el que en aquel momento era Consejero de Interior, Joaquim Forn, por el Secretario General de Interior, Cèsar Puig, por el Director General de la Policía de los Mossos, Pere Soler, por el Mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero y por la Jefa de la Asesoría Jurídica del Departamento de Interior, Marta Gordi.

Como representantes del Gobierno estuvieron el Secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, el Delegado del Gobierno en Cataluña, Josep Enric Millo, el Secretario General Técnico del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigserver, y el Director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaria de Estado de Seguridad, Diego Pérez de los Cobos.

El acta de la reunión refleja que las posiciones entre las dos partes comienzan y acaban enconadas. Mientras Carles Puigdemont insiste en que el bien superior es "no afectar a la normal convivencia ciudadana", Interior subraya que el "principal bien a proteger es el cumplimiento de la legalidad y del mandato judicial recibido".

Según Puigdemont, "el bien sagrado al que no se puede renunciar es la convivencia ciudadana, que es un derecho fundamental y que tiene como máximo garante del mismo al presidente (a él mismo) porque un mandato judicial no puede anteponerse a los derechos de los ciudadanos".

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Sin embargo, según las transcripciones, el coronel Pérez de los Cobos, que actuó como mando único policial, aclara al expresident de la Generalitat que "no se puede confundir lo sustantivo con lo adjetivo: lo sustantivo es cumplir la ley y, en consecuencia, impedir la celebración de un acto que ha sido declarado ilegal tal y como ha ordenado el juez; y lo adjetivo son las circunstancias que rodean la forma en la que haya que hacerlo".

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Durante el encuentro, el debate entre el cumplimiento de la ley y la convivencia ciudadana fue recurrente entre ambas partes. El expresident Carles Puigdemont insistió en que el auto del TSJC subrayaba que había que actuar "sin afectar a la normal convivencia ciudadana" y el coronel Pérez de los Cobos pidió a Puigdemont que "para evitar un hipotético empleo de la fuerza y de la alteración de la convivencia ciudadana hiciese un llamamiento para que no se abriesen los colegios electorales".

"Hay una vía mucho más sencilla para evitar posibles altercados de orden público, un hipotético empleo de la fuerza y de la alteración de la convivencia ciudadana: que sea el propio presidente el que cumpla con el mandato judicial y las resoluciones del Tribunal Constitucional y haga un llamamiento para que no abran los colegios electorales el día 1", señaló Diego Pérez de los Cobos.

El coronel de la Guardia Civil acusó también al Govern de "utilizar como excusa la posible alteración de la convivencia para no cumplir con el mandato judicial". De hecho en una conversación que mantiene con el Mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, el coronel le reprocha textualmente: "Ante la claridad de la orden recibida por el juez para impedir la celebración del acto ilegal convocado para el próximo día 1, lo que no es de recibo, de antemano, es utilizar como excusa la posible alteración de la convivencia que podría derivarse del hipotético uso de la fuerza en caso de resultar necesario para, con este pretexto, incumplir las órdenes judiciales recibidas y facilitar el desarrollo de una actividad ilegal mediante la inacción policial".   

El Gobierno demandó hasta el último momento la desconvocatoria del referéndum ilegal 

Según reflejan estas conversaciones, el Gobierno demandó hasta el último momento la desconvocatoria del referéndum ilegal "para evitar posibles altercados de orden público". Lo hizo en dos ocasiones en aras, según el ejecutivo, de "alterar la convivencia ciudadana".

Primero lo hizo el Coronel Pérez de los Cobos, pidiendo directamente a Carles Puigdemont "que hiciese un llamamiento para que los colegios no se abriesen el 1 de octubre" y después el Delegado del Gobierno en Cataluña, Josep Enric Millo, con una petición muy concreta también para el expresident para que desconvocase el acto.

Los Mossos se comprometieron a cumplir la ley

Durante este encuentro, el mayor de los Mossos se comprometió a cumplir la ley y las órdenes de las autoridades judiciales. Josep Lluís Trapero insistió en que la previsión apuntaba a que más de dos millones de personas saldrían a la calle ese día y que lo que había que conseguir era "llevar a cabo esa orden judicial preservando la convivencia y actuando con proporcionalidad y congruencia, haciendo uso de la fuerza únicamente cuando haya que repeler agresiones a la policía o a terceras personas y evitando causar un daño mayor al que se pretende evitar".

El ministerio del Interior, sin embargo, ha acusado después a los Mossos de "pasividad" e "inactividad" por permitir la apertura de los colegios electorales, y dando las coordenadas de los movimientos policiales para evitar la acción de la policía.

Durante la reunión, el que fue conseller de Interior, Joaquim Forn, dejó claro que "el resto de las fuerzas y cuerpos de seguridad tendrían que actuar únicamente a requerimiento de los Mossos". Sin embargo Interior insistió en que "el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se dirige a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad por igual, por lo que todos los cuerpos están obligados a cumplir con el auto dictado por el TSJC sin necesidad de requerimiento previo".