De dos a cuatro años de cárcel por el presunto amaño del Zaragoza-Levante
La Fiscalía Anticorrupción ha hecho pública su solicitud, que afecta especialmente al expropietario del Zaragoza, al técnico Javier Aguirre y a jugadores de los dos equipos
Javier Aguirre, el día que prestó declaración en Valencia por el presunto amaño del partido. / Pablo Blázquez Domínguez (Getty Images)
Madrid
La Fiscalía Anticorrupción reclama penas que oscilan entre los dos y los cuatros años de prisión -además de una inhabilitación de otros seis más- para los implicados en el presunto amaño del partido disputado en el estadio Ciudad de Valencia en 2011 entre el Zaragoza y Levante.
Así, se piden las penas más altas para el expresidente del club maño, Agapito Iglesias, y otros dos directivos, por supuestos delitos de corrupción deportiva a la que sumaría la falsedad documental.
Por su parte, tanto el que fuera entrenador del Zaragoza Javier Aguirre como para 36 jugadores -18 de la entidad aragonesa y otros 18 del Levante- se enfrentan a dos años de prisión por el delito de corrupción.
Asimismo, en el escrito que el ministerio público ha remitido al juzgado de instrucción número 8 de València se solicita que se celebre juicio oral ante el juzgado penal contra la sociedad Real Zaragoza, su entonces presidente, Agapito Iglesias, varios directivos y el entrenador Javier Aguirre.
La acusación también se dirige contra 18 jugadores del Zaragoza y 18 jugadores del Levante de la temporada 2010-2011 por el amaño del partido, que se jugó en el estadio Ciudad de Valencia el sábado 21 de mayo de 2011 correspondiente a la última jornada de Liga.
Según el fiscal, los hechos constituyen un delito de corrupción deportiva del artículo 286 bis 4 del Código Penal y un delito de falsedad en documento mercantil.
Por ello, la Fiscalía solicita que se impongan a los acusados penas de entre dos y cuatro años de prisión y seis años de inhabilitación para la práctica del fútbol profesional y actividades relacionadas con ese deporte. Por último, pide el comiso de los 965.000 euros empleados en la ejecución del hecho delictivo.
