El Constitucional rechazará la libertad de Jordi Sànchez

Madrid

El Tribunal Constitucional acordó abrir una pieza separada para analizar la petición del expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, de suspender cautelarmente la orden de ingreso en prisión dictada por la juez Carmen Lamela el pasado 16 de octubre. Fuentes del Tribunal han explicado que propuesta de debate se inclina por rechazar la excarcelación porque “dejarían vacío de contenido la futura resolución sobre el fondo del asunto” y porque la suspensión de la condena solo se concede cuando los delitos están castigados con menos de cinco años de prisión.

Los jueces inician este miércoles el estudio de esta petición urgente pero la costumbre del Tribunal, la doctrina de las salas del tribunal de garantías, ha consolidado que no es partidaria de aceptar la puesta en libertad porque dejaría vacío de contenido la resolución sobre el fondo del asunto que tienen que emitir en los próximos días. “No tiene sentido (matizan fuentes de la Institución) pronunciarse sobre si se han vulnerado sus derechos cuando ya se ha decidido de antemano ponerle en libertad, lo que implica en si mismo un reconocimiento implícito de que la medida era injusta”.

Además, la jurisprudencia del tribunal indica que solo acepta la suspensión del ingreso en prisión, cuando se trata de delitos cuyas eventuales condenas son menores a cinco años de cárcel y, no estamos en este supuesto, donde los delitos de rebelión y sedición llegan incluso a los 25 años de prisión.

Fuentes del tribunal insisten, por otra parte, en que la defensa de Jordi Sànchez ha presentado el recurso solo contra la orden de ingreso en prisión dictada por la Juez de la Audiencia Carmen Lamela en octubre de 2017, pero no ha presentado recurso contra la otra orden de prisión dictada el 5 de diciembre por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que asumió la investigación de la Audiencia Nacional y reitero la orden de prisión sin fianza, contra Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

En su recurso, Sànchez alega vulneración de su derecho a un juez ordinario predeterminado por la Ley por haber asumido la Audiencia Nacional el caso cuando aún no había sido asumida la competencia por el Tribunal Supremo, lo que su defensa interpreta como una vulneración clara de la normativa procesal por falta de competencia de este órgano para juzgar supuestos delitos de sedición y rebelión.