Me expulsan de mi barrio: no puedo pagar la subida del alquiler

Rosario está organizando su mudanza. Es sábado por la mañana y espera a los amigos de una vecina que se han interesado por sus muebles de segunda mano. También los oferta por Internet. «Si no lo vendo todo, intentaré hacer un intercambio con la propietaria o los donaré a una ONG para drogodependientes. El dinero es importante, pero a los 70 años ves la vida diferente». A esa edad ha decidido irse a vivir con una amiga ante la imposibilidad de asumir una subida del alquiler. Vive en Barcelona desde hace 30 años, aunque estuvo un tiempo fuera, en Suiza e Italia. No le tiene miedo a coger las maletas pero en esta ocasión se ve forzada. Reside en el barrio de Horta-Guinardó, donde los alquileres han subido un 37% en los últimos cuatro años. Como muchos inquilinos, en estos meses finaliza su contrato de cinco años, firmado con la anterior legislación. Desde junio de 2013, con los cambios impulsados por el PP, la Ley de Arrendamientos Urbanos reduce a tres años el plazo del primer contrato. «A lo largo de estos cinco años no me subieron absolutamente nada el alquiler. Yo estaba pagando unos 700 euros al mes por un piso de unos 80 metros cuadrados con un balcón y buenas vistas. Dos meses antes de finalizar el contrato, me llamó la dueña por si quería continuar en el piso o no. Yo le dije que en algún sitio tendría que vivir. Ella me comentó que si tenía que alquilarlo de nuevo, pediría por el piso 900 euros. Le respondí que ni 900 ni 800, yo no puedo asumir esa subida, vivo de una pensión», explica Rosario, quien es una funcionaria jubilada –ha sido profesora de Educación Física- y cobra unos 1.000 euros al mes. Ha prorrogado unos meses el contrato a la espera de buscar una solución. Tiene tres hijos, dos residentes en Barcelona, pero ha decidido compartir piso con una amiga para echarle una mano con los gastos. «Ella tiene también una necesidad de alquilar una habitación auxiliar para tener unos ingresos. Vivía con su hermana y falleció. Es un piso que en el futuro quedará para sus sobrinos y ella les ayuda a pagar la hipoteca». Rosario colabora con una fundación de personas mayores, donde desarrolla actividades y comparte preocupaciones. Los alquileres son una inquietud para muchos de sus compañeros. «Una señora de 93 años tiene miedo porque en su edificio se desalojaron tres pisos y la compañía inmobiliaria está pidiendo por esas viviendas 1.200 euros. Ella está desesperada, tiene una pensión mínima y paga unos 400 euros. Vive ahí desde hace 50 años y teme que le hagan lo mismo». Para Irene Sabaté, una de las portavoces del Sindicat de Llogaters, estos casos constituyen desahucios invisibles. «Son expulsiones, ya sea por no renovación de contrato o subida inasumible, de inquilinos de viviendas en contra de su voluntad que se producen en la legalidad y que no se reflejan en las estadísticas. Hasta el momento no se han considerado formas de abuso y violencia inmobiliaria. Los propios inquilinos hemos tendido a resignarnos. Se asumía que la vida del arrendatario era una vida nómada y no estable por el hecho de no ser propietario». A Cristina, de 38 años, le ha costado cambiar de barrio en Madrid. Desde 2006, ha vivido en pisos de alquiler. «He ido saltando de uno a otro, al principio compartía piso, ahora vivo sola, pero es complicadísimo encontrar algo digno». A ella no le vencía el contrato. Su caso es extraño, avisa. «Mi casero es un investigador que estaba en Nueva York, ha conseguido trabajo aquí, vuelve y necesita su casa. Debe ser el único investigador que vuelve a España», bromea. Cristina pagaba 700 euros por un piso de unos 50 metros cuadrados en Lavapiés, uno de los barrios víctima de la gentrificación. «Yo ahora buscaba una habitación y los precios que puedes ver son de 850 o 900. No encuentras una vivienda por menos de ese precio, lo que me parece una auténtica locura y está pasando en todo el centro de Madrid». Culpa de este incremento en los precios al boom de los pisos turísticos y a la ausencia de una política de vivienda por parte de las administraciones. «Vamos a dejar ciudades deshabitadas de vecinos y solo para turistas. El trasiego de maletas es constante, ves bares con cartas en inglés y te cobran cuatro euros por una tostada de aguacate. Mejorar un barrio no debería ser malo. Lavapiés se ha puesto de moda porque es un barrio guay, eso ya lo sabíamos los que vivíamos allí, pero es que ahora hay incluso rutas turísticas por la zona. Lo que no es normal es que te llame tu casero y te diga que te sube 300 euros porque si no le pagas eso, le sale mejor alquilarlo en Airbnb». Cristina se ha tenido que mudar a Chamberí. Un amigo dejaba su vivienda y se la han alquilado en las mismas condiciones. Reconoce que ha tenido suerte pero le preocupa qué tipo de ciudad quiere ser Madrid. “Lo dramático es que el centro se convertirá en un parque de atracciones, será una ciudad sin vertebración social a través de sus barrios, que es lo que hace a Madrid ser como es. Es una situación extrema, las personas no podemos ser autónomas, no podemos tener un proyecto de vida”. Raquel conoció en pocos meses estas dos frustraciones. Tuvo que abandonar también su piso en Lavapiés y admitir resignada que no podía emprender una nueva etapa con su novio. Con 17 años vino a estudiar a Madrid y, tras compartir piso durante su etapa universitaria, en 2014 decidió vivir sola. «No me iba económicamente de maravilla, pero entre estudios y prácticas, me venía bien esa independencia para no estar pendiente de compañeros. Conseguí un estudio por 400 euros cerca de Embajadores. Era un sitio pequeño, de unos 35 metros cuadrados, un primero interior, casi sin luz, con una habitación y una cocina», recuerda. Su «casera» vivía en Italia y un vecino se encargaba de todas las gestiones. «A los dos años me di cuenta de que no tenían registrado el contrato cuando mire para optar a las ayudas de alquiler». En ese mismo plazo, ya comenzaron a presionarla con un incremento de la renta. «Me dijeron que estaban subiendo muchos los precios en el barrio y había que revisar el precio. Por contrato solo me podía subir el nivel del IPC, al final lo dejamos en 420 euros al mes». Temiendo otro aumento, empezó a buscar piso pero pronto desistió. Todo lo que encontraba para vivir sola en un pequeño estudio superaba los 500 euros. El pasado mes de diciembre vencía su contrato de tres años, consciente de que intentarían pedirle más, se abrió a un tanteo. «Llegó la fecha y fui a su casa, me dijo que firmase un papel de finalización de contrato. Yo me quedé sorprendida y le respondí que si no me iban a dar una contraoferta. Su respuesta fue que lo iban a subir tanto que seguro que no podía pagarlo». Ahora cree que está alquilado por 600 euros. «Es muy triste, pagas ese dinero por 30 metros cuadrados, sin luz y donde tienes que hacer malabares para ir al baño». El 22 de diciembre tuvo que dejar el piso. Los meses anteriores los pasó buscando un lugar donde vivir con su chico. «Dentro de la M30 todo era una locura. Todos por encima de 850 euros y ese precio era como ver un unicornio. En varias ocasiones veíamos pisos más baratos, llamábamos y nos decían que tenían muchas visitas pero que nos pasáramos. El mismo día no la cancelaban, daban de baja el anuncio y a las horas lo volvían a poner en portales de alquiler por 50 euros más». Veían tanta demanda que hacían un casting para ver quién podía pagar más. Al difícil acceso a la vivienda, Raquel, con 26 años, y su pareja suman su situación profesional. «En un piso en Embajadores llegamos a pagar la señal, pero cuando le dijimos que éramos los dos autónomos, nos dijeron que nada de nada. Nos empezaron a echar para atrás tantas veces que llegó un momento en que mi novio dijo que nos estábamos desgastando, que nos estábamos haciendo a la idea que podíamos vivir juntos cuando en realidad no nos dejan». Hartos de la situación, decidieron posponer ese paso. «Él sigue viviendo con sus padres y yo encontré un piso compartido gracias a una antigua compañera de la universidad que había vuelto a Madrid. Es una vivienda de tres habitaciones por Puerta de Toledo, yo pago 360 por una habitación, 40 menos que por vivir sola hace tres año»”. Para los asalariados, el esfuerzo de acceso a una vivienda en propiedad o alquiler supera ya el 50% de los ingresos. Según Julio Rodríguez, de Economistas frente a la crisis, hay como un 30 o un 40% de salarios que están por debajo de 1.100 euros. «Esa gente cómo va a poder acceder a una vivienda en alquiler», se pregunta. Los sindicatos de inquilinos de Madrid y Barcelona, constituidos el pasado año, no paran de recibir a afectados. En la ciudad condal, son ya 1.200 afiliados. «Más del 80% de las personas que se acercan es por subidas impagables o no renovaciones de contrato que finalizan. Son la manera que tiene el propietario de echar al inquilino», explica Irene Sabaté. Según el último análisis de Fotocasa -el Gobierno no ofrece datos independientes-, el precio del alquiler se ha incrementado en un 49% en Cataluña en los últimos cuatro años. El portal inmobiliario calcula que un piso de 80 metros cuadrados ha pasado de 666 euros de media a 991 euros en 2017. El repunte afecta a toda la comunidad, especialmente a Barcelona, el área metropolitana y las zonas de costa. Madrid está un peldaño por debajo pero camina a una situación parecida mientras la media nacional se sitúa en el 18%. Ambas ciudades han alcanzado en enero el precio máximo de alquiler desde 2006, según el índice de Fotocasa. La vivienda se ha encarecido un 27% en la capital en los últimos cuatro años, aunque en algunos barrios la subida roza el 40%. Para Julio Rodríguez, «estas subidas tan intensas son señal de un exceso de demanda» y prefiere hablar «de burbujas localizadas, no generalizadas». Javier Gil, sociólogo en la UNED e investigador de Airbnb, achaca el incremento a una legislación hecha a medida de los bancos y que merma los derechos de inquilinato. «Ahora te pueden subir el alquiler a discreción y es legal. Vemos subidas de más del 50% en algunos barrios, esa diferencia se dispara en los últimos cuatro años». Él sí tiene claro que se ha reactivado una burbuja en el mercado de la vivienda y alerta de que pone en riesgo a un sector de la población cuyos ingresos no crecen. «Esto supone una pérdida de poder adquisitivo de los colectivos más vulnerables, que suelen ser los que alquilan. Se trata de población que ni ha tenido acceso a hipotecas cuando todo el mundo lo hacía, o ha sido desahuciada, o jóvenes que justo se emancipan a través del alquiler». Beatriz Toribio admite que estas subidas no son asumibles. «Están provocando que mucha gente se desplace a otras zonas o al extrarradio para alquilar, por eso los precios crecen más en otros distritos periféricos que en el centro». La portavoz de Fotocasa argumenta que es un problema de oferta y demanda motivado por varios factores: «en un contexto de mejora económica hay una mayor necesidad de vivienda, también incide el papel de inversores, el cambio de mentalidad a favor del alquiler y en determinadas zonas el boom del alquiler turístico». A Susana aún le quedan cuatro meses para terminar su contrato, pero ya ha buscado asesoramiento en el sindicato para combatir la ansiedad. Paga unos 850 euros por un piso de 60 metros cuadrados en Las Tablas, al norte de Madrid. La vivienda pertenece a un grupo inversor, ha ido cambiando de manos. Antes ofrecían opción de compra a un precio razonable, ahora no. «O asumes el incremento sustancial del alquiler, de unos 300 a 400 euros, o lo tienes complicado». En un barrio de nivel medio alto, admite que nadie alza la voz y las inmobiliarias llenan los bloques por la alta demanda. Su preocupación es la de miles de familias que, ante el vencimiento de los contratos, no saben dónde van a poder vivir mañana.

Me expulsan de mi barrio: no puedo pagar la subida del alquiler

La SER inicia una serie de reportajes sobre las consecuencias del incremento del precio del alquiler con voces de afectados y la opinión de expertos de todos los sectores. Si quieres compartir tu caso: escribe a <i><b>DondevivirCadenaSER@gmail.com</i></b>

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