La Audiencia Nacional ordena juzgar a la cúpula de la CAM por la concesión irregular de 380 millones en créditos

Madrid

Por unanimidad, la Sección Tercera de la Audiencia Nacional ha revocado el archivo del caso que investiga un delito de administración desleal en la concesión irregular de créditos por 380 millones a los constructores Vicente Ferri y José Baldó, y ha ordenado a la juez instructora de la causa, Carmen Lamela, que ordene la apertura de juicio oral contra éstos y la antigua cúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que otorgó los préstamos.

Hasta ahora solo los empresarios estaban acusados de fraude fiscal por estas operaciones, mientras que los directivos de la caja habían sido exonerados.

En el auto de la sala presidida por el magistrado Alfonso Guevara, el ponente o redactor del escrito, Juan Pablo González, concluye que el perjuicio para el Fondo de Garantía de Depósitos "existió", en contra de la opinión de la Fiscalía y la juez instructora. Fue un perito del Banco de España el que cifró el perjuicio en “un mínimo de 28 millones de euros”.

Afirma la Sala en su escrito que una vez constatada la existencia del daño por la concesión de créditos, la trascendencia penal deberá determinarse en el juicio oral.

Ferri y Baldó ingresaron la mayor parte de los 380 millones procedentes de los préstamos de la CAM en 41 cuentas en Andorra, para sus inversiones hoteleras en Punta Cana o Playa del Carmen, entre otras ubicaciones del caribe mexicano.

Desde Andorra, según la policía del Principado, operaban con “un entramado de sociedades mercantiles, instrumentales o sin actividad comercial” en Panamá y las Antillas Holandesas. Una trama empresarial “diseñada para ocultar los fondos y activos, así como para dificultar la localización o identificación” de las operaciones, según los agentes.

La Fiscalía solo acusó a Ferri y Baldó de defraudar 11.6 millones al fisco por estas operaciones y les exculpó, junto a los directivos de la CAM, de cometer una administración desleal porque los empresarios se habían comprometido a devolver los créditos. Pero la Sala ahora rechaza esta postura porque existió el daño, ya que aunque los empresarios se hayan comprometido a pagar los créditos, su deuda formó parte del agujero de la CAM que precisó de un rescate con dinero público.

El de la Caja de Ahorros del Mediterráneo fue el mayor rescate de todas las cajas españolas, incluida Bankia. Costó más de 26.000 millones de euros y las ruinosas operaciones bajo sospecha concedidas a Ferri y Baldó, formaron parte del agujero que han acabado pagando los españoles, según sostiene el Fondo de Garantía de Depósitos, acusación popular en el proceso.

Contra la decisión de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, no cabe recurso.