Una censura política unánime a 48 horas del órdago socialista al Gobierno del PP
Los portavoces de la oposición, todos sin excepción, han pedido la dimisión del presidente Rajoy y de Cospedal
Madrid
La comparecencia de Dolores de Cospedal en la comisión que investiga la supuesta financiación ilegal del PP ha desencadenado la censura más rotunda y unánime de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados a un Gobierno en la reciente etapa democrática. Los portavoces de la oposición, todos sin excepción, han pedido la dimisión del presidente Rajoy y de Cospedal, secretaría general del PP; han acusado a representantes del Ejecutivo de mentir a la sociedad y a los jueces; de organizar junto a las empresas de Francisco Correa una trama criminal dedicada a robar dinero público durante años, de saquear España y de obstruir a la justicia ocultando o destruyendo pruebas.
Javier Lizón
Javier Lizón
Ante esta censura unánime, Cospedal se defendió acusando al PSOE de ser un partido condenado por Filesa y los GAL; calificó de "anormal" en un "estado democrático de derecho" la sentencia de la Audiencia Nacional donde se cuestiona la "verosimilitud" de los testimonios de la cúpula del PP y se acredita la existencia de una caja b dentro de ese partido; negó la veracidad de los papeles de Bárcenas y calificó de falsos los apuntes que señalan el cobro de sobresueldos ilegales por parte de Rajoy y el resto de secretarios generales que ha tenido el PP; aseguró que no ocultaron pruebas a los jueces para investigar la financiación ilegal del PP; y rechazó que su partido haya tenido un comportamiento corrupto.
Ningún portavoz de la oposición la creyó
El portavoz del PNV, partido que tiene en su mano el desenlace final de la moción de censura, hizo una pregunta final a Cospedal: "¿Qué medidas piensa tomar en función de las diversas causas judiciales abiertas sin diferir las responsabilidades políticas a las penales?". La secretaria general del PP no satisfizó las exigencias del nacionalismo vasco: "Son cosas que ocurrieron hace muchos años aunque la sentencia haya salido ahora. Claro que asumimos nuestra responsabilidad, pasamos de 186 diputados a 137 en las últimas elecciones generales".
Si alguien ajeno a las estrategias políticas que haya asistido a esa sesión parlamentaria tuviera que pronosticar el resultado de la moción de censura, llegaría a la conclusión de que Mariano Rajoy tiene las horas contadas en el Palacio de la Moncloa y que debe preparar las cajas de la mudanza. Pero los intereses electorales de los distintos partidos y el temor a los efectos económicos de la inestabilidad política pueden desencadenar un resultado distinto. O no.
La sentencia del caso Gürtel, dictada nueve años después de estallar el caso y tras una instrucción que destapó y acreditó nuevos escándalos, ha puesto al Gobierno de Mariano Rajoy a un paso de la puerta de salida en una legislatura que arrancó cargada de incertidumbres. El partido del Gobierno, inmerso en numerosas causas judiciales por corrupción, ganó las elecciones con 137 escaños, muy lejos de la mayoría absoluta y, por tanto, obligado a acuerdos in extremis para aprobar leyes fundamentales para el funcionamiento del Estado. Los partidos que han sostenido al PP en votaciones parlamentarias cruciales para la continuidad del Gobierno, han descalificado en la comisión parlamentaria la conducta del presidente del Gobierno y del PP, y de la secretaria general de la formación conservadora en relación con la financiación ilegal.
Esos mismos partidos, puestos en la tesitura de interrogar a Dolores de Cospedal por la supuesta financiación ilegal del PP, no han dudado en concluir que la formación política que gobierna España perpetró el peor de los delitos en la administración de fondos públicos: la corrupción. Ese veredicto llega a 48 horas de que Rajoy encare su examen final para seguir en la carrera política. Y acude con el lastre de una sentencia judicial donde un tribunal considera culpable de corrupción al partido que dirige el presidente del Gobierno desde hace 15 años.
