Ciudadanos aplaza su polémica Ley de Gestación Subrogada porque ahora ya no la ve prioritaria

Madrid

Ciudadanos ha decidido aplazar el debate de su Ley de Gestación Subrogada. En medio de la enorme polémica creada sobre este asunto y a pesar de que el partido de Albert Rivera dijo que la quería llevar al pleno del Congreso de los Diputados antes de que terminase este período de sesiones, ahora lo deja para más adelante. 

En concreto, para septiembre. Aunque algunas fuentes consultadas aseguran que se debe "exclusivamente" a una cuestión de cupo en la tramitación de leyes en el Congreso, otras reconocen que "ahora no es el momento" y que la "prevalencia" se la debe llevar otra norma: la de Lucha contra la Precariedad Laboral y que este martes fue rechazada por abrumadora mayoría en el Congreso.

Lo cierto es que la decisión se ha producido después el posicionamiento del nuevo Gobierno en contra de la gestación subrogada (la vicepresidenta Carmen Calvo ha dicho que es una compraventa más) y tras las muchas cr´tiicas en redes sociales a Ciudadanos. El partido de Rivera quiere regular esta práctica, ahora ilegal en España, y la plantea como altruista, es decir, sin fin lucrativo y con altas sanciones.

En la propuesta presentada por la formación liberal en septiembre de 2017 (leer en PDF la proposición del Ley) se recoge que la gestión subrogada deberá ser “altruista” y exige como requisitos que las gestantes sean mujeres mayores de 25 años, españolas o residentes legales en nuestro país, que tengan una situación económica y social estables y que ya hayan tenido al menos un hijo con anterioridad.

También para los subrogantes la propuesta impone una serie de limitaciones, tales como tener entre 35 y 45 años, ser español o residente en España, en el caso de parejas deben estar casadas o tener una relación reconocida por la Ley y, además, el progenitor o progenitores tienen que haber agotado o ser incompatibles con las técnicas de reproducción asistida.

Ciudadanos plantea la legalización de la gestación subrogada en España como una práctica “altruista”, donde no exista un fin lucrativo y el único intercambio de dinero que haya sea el que ocasionen los gastos derivados del embarazo y el parto. De hecho, la proposición contempla también un régimen sancionador con multas de entre 1.000 y 1 millón de euros para las infracciones leves y muy graves, entre las que está pagar a la mujer gestante.