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Domingo, 26 de Enero de 2020

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Archivada la querella contra exministros y Florentino Pérez por el proyecto Castor

La Audiencia Nacional estima que ni los responsables públicos ni el presidente de ACS incurrieron en resoluciones “injustas, arbitrarias o contrarias a la ley” ni malversaron caudales públicos con la instalación en Castellón del ya abandonado proyecto de almacén submarino de gas que era extraído a través del fracking o fractura hidráulica de la roca, que llegó a provocar decenas de seísmos

Proyecto Castor / ()

La titular del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha archivado a instancias de la Fiscalía la querella interpuesta por L’Observatori del Deute en la Globalització contra los exministros socialistas Joan Clos, Miguel Sebastián, Magdalena Álvarez, Elena Espinosa y el popular José Manuel Soria, así como contra el presidente de ACS, Florentino Pérez, entre otros empresarios.

La juez entiende que los aludidos no incurrieron en los delitos de malversación, prevaricación y fraude a la Administración Pública denunciados en el texto por permitir en 2008 la construcción en el norte de la provincia de Castellón del proyecto Castor. Un almacén submarino de gas que pretendía conseguir el combustible mediante la inyección de agua a presión para fracturar la roca.

Lamela afirma que las instalaciones no respondían a una idea “aislada ni peregrina”, sino que fueron acordes con la política desarrollada para el suministro de gas desde el año 2002.

El proyecto, según el auto judicial, no fue ejecutado al margen del procedimiento legal establecido, ni la actuación de los querellados “parece que estuviera guiada por un afán de perjudicar los intereses de la Administración adoptando resoluciones injustas, arbitrarias o manifiestamente contrarias a la ley”. “Por el contrario”, añade la magistrada, “su actuación fue razonada y documentada”.

La ausencia del delito de prevaricación conlleva según la juez que tampoco pueda estimarse la comisión de malversación o fraude a la Administración, porque los querellados “no quebrantaron los deberes especiales” de su cargo ni desviaron “torticeramente de su destino” los caudales públicos encomendados.

El proyecto Castor fue abandonado en 2017 después de las numerosas denuncias y la alerta en el norte de Castellón por los movimientos sísmicos detectados cuando la empresa ACS, adjudicataria del proyecto, ejecutaba las operaciones de fracking para extraer el gas.

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