Miércoles, 30 de Septiembre de 2020

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Condenada la exalcaldesa de Serranillos del Valle por comprar bolsos con la VISA del Ayuntamiento

El Supremo ha confirmado una condena de seis meses de cárcel para Olga Fernández por comprar dos bolsos por 370 euros con la tarjeta del Ayuntamiento: también está imputada en una de las piezas de la trama Púnica por amaño de contratos

Fachada del Ayuntamiento de Serranillos

Fachada del Ayuntamiento de Serranillos / SER Madrid Sur

El Tribunal Supremo ha confirmado una condena de seis meses de cárcel para Olga Ferández, exalcaldesa de la localidad madrileña de Serranillos del Valle por el Partido Popular, por comprar en 2010 dos bolsos por valor de 370 euros usando la tarjeta de crédito del ayuntamiento que dirigía. La sentencia también declara firme que tendrá que pagar una multa de 450 euros.

Según declara probado la Justicia, Olga Fernández - que dirigió el consistorio de este municipio del sur de Madrid - gastó 370 euros en dos bolsos comprados en una exclusiva tienda de la calle Serrano en octubre de 2010, un año antes de dejar el bastón de mando que ostentaba desde 2003. Lo hizo según el Supremo, "aprovechándose de su condición de alcaldesa" con una tarjeta "entregada para el ejercicio de sus funciones públicas", no para comprarse un bolso.

Los magistrados destacan que Olga Fernández es licenciada en derecho y que posee un "máster", dos factores que "impiden concluir la ausencia del conocimiento sobre la falta de cobertura presupuestaria y la ajenidad a la función pública" a la hora de comprar dos bolsos con dinero público.

Imputada en Púnica

La condena, inferior a los dos años de cárcel, implica que Fernández no tendrá que entrar obligatoriamente en prisión para cumplir condena, aunque la exregidora 'popular' de Serranillos del Valle tiene más citas pendientes con la Justicia: está imputada en una de las piezas separadas de la trama Púnica por, supuestamente, participar en el amaño de contratos de la Mancomunidad del Suroeste.

Olga Fernández, tal y como reveló Radio Madrid, declaró ante el juez Eloy Velasco en septiembre de 2014: el magistrado afirmó que había detectado "irregularidades muy groseras" en la adjudicación de contratos para la recogida de ropa a una empresa que ni siquiera tenía trabajadores ni estaba inscrita en la Seguridad Social.

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