Las empresas públicas suspenden en transparencia
La transparencia de las grandes empresas públicas españolas deja mucho que desear. Es la primera conclusión del informe elaborado por Transparencia Internacional, que ha analizado a las 45 empresas con mayor número de inversión y número de empleados
Madrid
Sólo 19 de las 45 empresas públicas analizadas aprueban en Transparencia. La nota más alta, un 74,2 sobre 100, la ha obtenido el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), le sigue ADIF con un 73’3. Entre las empresas que suspenden nombres tan conocidos como RTVE, la Real Casa de la Moneda o Paradores. A destacar que entre los cinco con peor calificación hay tres empresas portuarias. Si hacemos la media de la puntuación obtenida por todas las empresas analizadas el resultado final es un suspenso con una nota de 45’3 sobre 100.
Esta es la primera vez que se hace un estudio sobre la transparencia de las empresas públicas españolas (el INDEP). Según el presidente de TI España, Jesús Lizcano, este nos permite conocer hasta qué punto actúan de forma transparente estas entidades, pero además, con este índice, quieren propiciar que aumente la información que estas empresas ofrecen a los ciudadanos.
Las empresas públicas suspenden en transparencia
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La evaluación ha medido un total de 60 indicadores agrupados en 6 áreas. La primera sobre transparencia e información de la empresa ha evaluado los datos que ofrece la empresa sobre los cargos, el personal y las retribuciones, sobre la planificación y el patrimonio, los órganos de gobierno y su funcionamiento. La segunda área, relaciones con la sociedad, mide la relación de la empresa con los usuarios. La tercera, transparencia económica y financiera, tiene en cuenta la información contable y presupuestaria, así como el nivel de información de los ingresos gastos y endeudamiento de la empresa. La cuarta área analizada es la transparencia en contrataciones y convenios. La quinta analiza el derecho de acceso a la información y el último apartado estudia las medidas que toma la empresa para prevenir la corrupción y para garantizar la transparencia y el buen gobierno.