¿Qué le espera a Casado? Del Supremo al Congreso: los plazos del caso máster

Madrid

La decisión de la magistrada Carmen Rodriguez-Medel no es firme y los abogados tienen tres días para expresar su opinión mediante un recurso de reforma ante la propia magistrada o bien presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid. Por tanto hasta que esta decisión no sea firme, es decir cuando el Tribunal Superior de Madrid le dé su aval, el Tribunal Supremo no tiene que pronunciarse aunque sÍ pueden iniciar los primeros pasos para la tramitación del expediente.

Una vez que la exposición razonada en la que la juezA apunta indicios de delito contra Casado (prevaricación administrativa y cohecho impropio) llegue al Tribunal Supremo, los magistrados de la sala especial denominada “de vacaciones” serán los encargados de iniciar los primeros trámites para su admisión o rechazo.

La Sala de Vacaciones del Supremo podría dictar en los próximos días una providencia pidiendo al fiscal que se pronuncie sobre la exposición razonada, y tendrá que designar a uno de los jueces de su sección penal (Sala II) como instructor del caso. Aunque no parece probable que todas estas gestiones se puedan realizar durante el mes de agosto ya que no se trata de una “causa urgente” y el alto tribunal no ha habilitado este mes para realizar diligencias salvo las del caso procés.

Si el juez instructor admite la petición, el Supremo tendrá que pedir un suplicatorio al Congreso de los Diputados para investigar a Casado. La Sala podría empezar a mover el tema en agosto, pero en casos anteriores como en la investigación sobre los ERE de Andalucía lo hizo en septiembre.

Y si llega al Congreso

El caso "máster" llegará al Congreso dada la condición de aforado de Pablo Casado. Los diputados gozan de inmunidad durante el periodo de su mandato y por tanto no pueden ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de las Cortes. El mecanismo establecido para ello es que el Tribunal Supremo, órgano competente para investigar a los aforados, remita a la Cámara Baja una petición de suplicatorio, una suerte de permiso para que el Congreso "levante" esa inmunidad parlamentaria y la justicia pueda actuar.

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El Reglamento del Congreso establece que los suplicatorios sólo pueden ser tramitados en periodos ordinarios de sesiones. Agosto es un mes inhábil en la Cámara Baja, de modo que la eventual activación del proceso tendría que esperar al próximo mes de septiembre. Una vez el Congreso reciba la petición formal del Supremo -paso que aún no se ha producido- la presidenta Ana Pastor, previo acuerdo de la Mesa del Congreso, remitirá el caso en cinco días a la Comisión del Estatuto del Diputado que dispondrá de un mes de plazo para emitir un dictámen. En ese tiempo, Pablo Casado tendrá derecho a emitir las alegaciones que estime oportundas, bien de forma presencial o por escrito. Una vez elevado ese dictámen, el Congreso lo someterá a votación, en una sesión secreta y a puerta cerrada, en el siguiente pleno ordinario disponible. Los plazos estipulados dibujan un escenario parlamentario en el que esa eventual votación podría demorarse al próximo otoño, entre los meses de octubre o noviembre.

Para que prospere el suplicatorio en el pleno del Congreso es necesario que se cuente con mayoría simple, más síes que noes. Es decir, todos los partidos políticos tendrán que pronunciarse sobre una petición que en la práctica parlamentaria suele aprobarse por unanimidad.

Uno de los pocos precedentes en los que una petición de este tipo dividió a los grupos parlamentarios fue el último caso aprobado en el Congreso en 2016 cuando se votó el suplicatorio del anterior portavoz del PdCat y ex conseller Francesc Homs, procesado por la consulta del 9-N. En aquel entonces, el suplicatorio se aprobó por 248 votos a favor, los de PP, PSOE y Ciudadanos y 91 votos en contra de Unidos Podemos, ERC, PdCat, PNV, Compromís y Bildu, que se opusieron.