Tribunales

Las palabras de Llarena que examinará la Justicia belga

El Ministerio de Justicia advirtió ayer de que no protegerá a Llarena ante la administración belga si loq ue se cuestionan son sus palabras y no su proceso de instrucción: el juez negó que Junqueras y el resto de encarcelados sean presos políticos

Llarena en una conferencia reciente en El Escorial / Alberto Pozas

El Gobierno español responderá por los autos de Pablo Llarena, pero no por sus palabras. El Ministerio de Justicia anunció ayer su disposición para contratar abogados privados que defiendan la autoridad del magistrado para investigar a la cúpula del procés independentista, pero no para defender declaraciones públicas en las que, por ejemplo, ha negado que los nueve políticos enviados por él mismo a prisión puedan ser calificados de "presos políticos".

Pablo Llarena pasó de portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) a hombre de pocas palabras como instructor de la macrocausa abierta contra el proceso independentista. En pocas ocasiones los micrófonos han podido captar sus palabras y en menos todavía para referirse directamente al proceso que instruye en el Supremo desde el pasado mes de noviembre. "Niego categóricamente que haya una Justicia politizada en España", dijo por ejemplo hace un mes en una conferencia sobre asociacionismo judicial organizado por la Universidad Complutense de Madrid.

La demanda presentada por los abogados que coordinan la defensa de Carles Puigdemont y el resto de fugados ante los tribunales belgas cuestiona la imparcialidad de Llarena por varias expresiones utilizadas en estas conferencias, utilizando como principal ejemplo la respuesta del magistrado a la pregunta de un periodista en Oviedo el pasado mes de febrero, cuando negó que Junqueras y el resto de encarcelados preventivos puedan ser calificados de "presos políticos".

LAS PALABRAS DE LLARENA

"Bueno, yo no voy a referirme a ningún asunto que no esté bajo mi jurisdicción. Lo que sí que es cierto es que un delito político es aquellos comportamientos que normalmente no estarían sancionados por el ordenamiento jurídico-penal y que, sin embargo, por una consideración política esos comportamientos son perseguidos. No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y, con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos - si es que eso ha sido así - pues tienen que ser investigados". "La voluntad de la instrucción ha sido y sigue siendo llevar la indagación con absoluta celeridad, es una cuestión de la que está pendiente toda España, la población de Catalunya, y en ese sentido cuanto antes se esclarezca creo que va a ser mucho mejor para todos. En todo caso tiene que ser en un respeto absoluto de las pretensiones de las partes y los derechos de aquellas personas que están sometidas al proceso".

Llarena, por tanto, es completamente dueño de sus palabras y los abogados que pueda contratar el Gobierno español no responderán por sus declaraciones públicas. Fuentes cercanas al magistrado, en cualquier caso, aseguran que Llarena está tranquilo con respecto a la instrucción realizada y la imparcialidad mantenida a lo largo de los ocho meses de investigación. Su imparcialidad, señalan estas fuentes, "no se ha visto comprometida a lo largo de las pesquisas".

 
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