El juez archiva la investigación al rey Juan Carlos y Corinna
El magistrado resta credibilidad a la confesión de Corinna e insinúa que sus acusaciones sin pruebas contra el hoy rey emérito pudieron producirse por resentimiento, al romper su relación en 2009. Como la Fiscalía, considera que el rey no puede ser enjuiciado por estos hechos y acepta que el Ministerio Público investigue de forma privada las supuestas comisiones millonarias por el AVE a La Meca
Madrid
El juez de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, atiende el requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción y archiva la denominada pieza Carol, que afecta al rey Juan Carlos. Da carpetazo al caso porque no ve indicios de delito y desliza que la confesión de Corinna, que es imprecisa y no aporta pruebas incriminatorias, puede estar motivada por el resentimiento, ya que cortaron su relación en 2009, dice el juez.
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Diego de Egea recalca que en la multitud de documentos incautados a Villarejo, no hay ningún dato que corrobore o dé verosimilitud al testimonio de Corinna contra el rey emérito. Tampoco Corinna aporta prueba alguna que ampare que el rey la usó como testaferro, dice el juez en su auto.
Además, como la Fiscalía, el juez subraya que los hechos tuvieron lugar antes de mayo de 2014, cuando el rey era inviolable, y sus acciones no estaban sujetas a responsabilidad penal. De esta forma, Diego de Egea archiva tanto el caso de la supuesta propiedad del rey emérito en Marruecos, así como la investigación por sus supuestas cuentas en Suiza.
No obstante, como reclamaba el Ministerio Público, deja en manos de Anticorrupción la causa por el supuesto cobro de comisiones de hasta 80 millones de euros por la construcción del AVE entre Medina y La Meca en 2011. Aquí la Fiscalía considera que los datos son precisos y susceptibles de presentar una querella por un delito de corrupción en transacción económica internacional, si las manifestaciones de Corinna son corroboradas por las pesquisas que iniciarán los fiscales de forma privada en unas diligencias informativas.
En cualquier caso, según fuentes de la investigación, la querella se dirigiría contra los empresarios que hubieran participado en la operación, entre ellos Juan Miguel Villar Mir y posiblemente Corinna, pero tampoco en este caso contra Juan Carlos I porque en el momento en que acontecieron los hechos seguía gozando de inviolabilidad.