Los plazos para los Presupuestos, en el aire por la guerra política

Madrid

La triquiñuela legal del Gobierno para suprimir el veto del Senado a la senda de déficit aprovechando una enmienda a una proposición de ley sobre violencia de género ha desatado la guerra total en el Congreso. PP y Ciudadanos hablan de fraude de ley y maniobra obscena y anuncian ofensiva parlamentaria para impedirlo. Plantean posible recurso de amparo ante la Mesa de la Cámara y  no descartan acudir al Tribunal Constitucional.

El primer paso lo ha dado ya Ciudadanos con un escrito de queja ante la comisión de Justicia, en el que piden la inadmisión de la enmienda al ser contraria a la doctrina constitucional que exige que cualquier enmienda "guarde una conexión mínima de homogeneidad con el texto enmendado". El movimiento de Cs obligará ya a reunir con carácter previo a la Mesa de la Comisión para decidir sobre esta queja antes de calificar la inciativa y anticipa la ofensiva parlamentaria de populares y naranjas de cara a ralentizar y torpedear la maniobra del Gobierno.

La vía a la que ha recurrido el Ejecutivo de Sánchez sí garantiza al Gobierno, que cuenta con el apoyo de sus aliados, su objetivo de reformar la ley de Estabilidad para sortear el veto del Senado a la senda de déficit, frente a la posibilidad real de que PP y Cs retrasaran "sine die" la tramitación ordinaria registrada en el Congreso mediante la prórroga de enmiendas (hay leyes en la Cámara que llevan más de año y medio congeladas con esta maniobra). Sin embargo, el proceso no podrá hacerse de la noche a la mañana y llevará su tiempo.

Fuentes del PSOE confían en poder llevar la reforma al pleno del Congreso en la segunda quincena de octubre y después pedirán trámite de urgencia en el Senado, que está obligado a tramitarlo, con lo que el plazo se reducirá de dos meses a 20 días en la Cámara Alta. Después la ley volverá al Congreso.

Fuentes del Gobierno mantienen la intención de derogar el veto del Senado, después presentar la nueva senda de estabilidad, que también debe aprobarse en ambas Cámaras y a continuación presentar el nuevo presupuesto. Sobre el papel ese escenario arroja serias dudas sobre la posibilidad de que se cumplan los plazos anunciados por Sánchez en la SER que manifestó su voluntad de llevar las cuentas al Congreso a finales de noviembre o principios de diciembre para tenerlos aprobados en marzo o abril. Fuentes del Gobierno reiteran que trabajan con esos plazos pero relativizan la posiblidad de un retraso, y recuerdan que Rajoy aprobó sus cuentas a finales de mayo.