El choque entre el Gobierno y el Congreso por la reforma de la ley de Estabilidad acaba en el Constitucional

Madrid

Tras otra reunión larga y tensa, la segunda esta semana, PP y Ciudadanos han vuelto a usar su mayoría en la Mesa del Congreso para impedir el último intento del Gobierno de poder agilizar la reforma de la ley de Estabilidad para suprimir el veto del Senado y allanar así el camino a la presentación de unos Presupuestos con una nueva senda de déficit que incorpore los 6.000 millones adicionales que Bruselas ha permitido gastar al Ejecutivo de Pedro Sánchez. El conflicto acabará en el Tribunal Constitucional tras confirmar este viernes el PSOE la presentación de un recurso de amparo ante el alto tribunal por considerar vulnerados los derechos de los parlamentarios con esta decisión.

Populares y naranjas han rechazado el recurso de los socialistas para que esa reforma se tramite por la vía urgente y en lectura única, con lo que la ley tendrá que tramitarse por el procedimiento ordinario. Esa circunstancia deja en el aire que el Gobierno pueda aprobar o no a tiempo una nueva senda de estabililidad más expansiva. Todo dependerá ahora de si PP y Ciudadanos dilatan o no la tramitación mediante una estrategia conjunta de prórrogas en el plazo de enmiendas. Un mecanismo a su alcance, ya que ambos, al sumar mayoría en la Mesa del Congreso, cuentan con esta posibilidad de controlar los tiempos de cualquier tramitación.

El PSOE contará al menos con una ventaja relativa en este pulso, ya que será la comisión de Hacienda, presidida por el socialista Antonio Pradas, quien pilotará la tramitación, aunque hoy PP y Ciudadanos han intentado sin éxito derivarla a la comisión de Presupuestos, presidida por Francisco de la Torre, de Cs. Finalmente ha prevalecido el criterio de que la reforma se tramite en la misma comisión en la que se aprobó la ley de Estabilidad, y que ha llevado todas las sucesivas reformas que se han producido de la misma, tanto en el Congreso como en el Senado.

Ignacio Prendes, de Cs, ha señalado que pese a las urgencias políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, el Ejecutivo debe someterse a los procedimientos y ha defendido la necesidad de realizar esta reforma por la vía ordinaria, para realizar todos los debates necesarios tanto en pleno como en comisión con el debido sosiego y permitiendo la presentación de enmiendas a la totalidad si algún grupo así lo estima. "La ley se tramitará pero conforme a la legalidad, no aceptando el "trágala" que quería imponer el PSOE junto con sus socios".

La vicepresidenta de la Mesa, la socialista Micaela Navarro ha señalado que espera que ningún grupo bloquee la tramitación ahora, y ha recordado "que lo que nos jugamos es poder aprobar unos presupuestos más expansivos que incorporen 6.000 millones más de gasto social. Eso es lo que hay de verdad detrás de esa tramitación y todos como políticos nos debemos a las necesidades de la gente".