El Congreso aprueba devolver el derecho de voto a 100.000 discapacitados intelectuales

Madrid

El Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles una asignatura pendiente en el sistema electoral español, cumpliendo con una de las recomendaciones de Naciones Unidas: la supresión de todo tipo de discriminación por razón de discapacidad. La Comisión Constitucional ha aprobado por unanimidad, con la única abstención de Bildu, reformar la ley electoral para suprimir los artículos que hasta ahora impedían el derecho al voto por sentencia judicial a cerca de 100.000 personas declaradas incapaces legalmente o ingresadas en centros psiquiátricos.

En aras de no romper el consenso, los grupos han aceptado una enmienda transaccional del PP de última hora, que incorpora el siguiente redactado: "Toda persona podrá ejercer su derecho de sufragio activo, consciente, libre y voluntariamente, cualquiera que sea su forma de comunicarlo y con los medios de apoyo que requiera".

En el camino de negociación de esta ley, llevada al Congreso por la Asamblea de Madrid, los grupos habían rechazado otras enmiendas del PP que pretendía introducir conceptos como el discernimiento o el riesgo de manipulación del voto en el colectivo de personas con discapacidad, al entender que el derecho al voto es un derecho fundamental, que no puede estar sujeto a discriminaciones, ya que a ningún otro colectivo se le exige una capacitación mayor para poder votar. 

Es lo que ha resaltado el diputado de UPN, Iñigo Alli, al asegurar que la Declaración de Derechos Humanos recoge esa igualdad de todas las personas al nacer, sea cual sea su condición y circunstancias, mientras que el socialista Joan Carbonell ha defendido una medida incluida en el programa electoral del PSOE y un compromiso nítido con la no discriminación.

Marcial Gómez Baselga, de Ciudadanos, ha enfatizado que esta reforma permite aprobar una asignatura pendiente de la democracia, garantizando la participación política de todas las personas sin discriminación mientras que la diputada de Unidos Podemos, María Teresa Arévalo ha mostrado su disconformidad con la enmienda del PP que, a su juicio, abre un resquicio a una posible limitación del derecho, pero se mostraba a favor de apoyarla porque así se lo han pedido los colectivos de discapacidad representados por el CERMI. "Porque es mejor que nada y porque lo prioritario es que 100.000 personas que hasta ahora no podían votar puedan hacerlo ya en las próximas elecciones municipales, autonómicas y generales", ha remachado.

La reforma se aprobará en el pleno del Congreso la próxima semana y después pasará al Senado donde no se esperan modificaciones debido al consenso logrado en la Cámara Baja. Fuentes parlamentarias confían en que la ley pueda entrar en vigor a tiempo para las primeras elecciones convocadas ya en España: las andaluzas del próximo 2 de diciembre.