La Fiscalía se opone a la libertad de Rosell al enfrentarse a penas muy elevadas y por el riesgo de fuga

Barcelona

La Fiscalía insiste en el riesgo de fuga porque, dice, "es fundamentalmente fuera de España" donde Rosell realiza el "grueso de su actividad profesional". Y, además, "no tiene un especial arraigo en territorio español".

Rosell, a juicio del fiscal, tiene negocios fuera de España –los últimos en la República Popular China- y "podría establecerse con su familia en un buen número de países" por sus actividades en Asia, África, China, Senegal y Qatar, con disposición de ingresos y sociedades con formas jurídicas opacas.

Persiste, dice el fiscal, el riesgo de destrucción de pruebas y puede "destruir los vestigios de su ilícita actividad fuera de nuestro país". Y se mantiene el riesgo de reiteración delictiva vista la "normalidad que los investigados pretenden otorgar a su ilícita forma de proceder".

En esta petición de libertad, a la que se opone la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la defensa adjuntaba el ofrecimiento del propio padre de Rosell, Jaume Rosell, de un millón de euros en concepto de fianza y garantía para obtener la libertad provisional de Rosell y Besolí.

Ahora tendrá que decidir la Sección 1ª de la sala Penal de la Audiencia.

Persiste, dice el fiscal, el riesgo de destrucción de pruebas y puede “destruir los vestigios de su ilícita actividad fuera de nuestro país. Y se mantiene el riesgo de reiteración delictiva vista la "normalidad que los investigados pretenden otorgar a su ilícita forma de proceder".

No hay indefensión

La Fiscalía se opone a la libertad cuando ya se conoce la fecha del juicio, el próximo 25 de Febrero, por blanqueo y organización criminal. Los abogados de Rosell piden también su excarcelación para que los acusados puedan preparar la defensa desde casa. La Fiscalía dice que mantener la prisión no restringe su derecho de defensa.

También rechaza la Fiscalía que se prolongue más de la cuenta la prisión preventiva por cuanto "se mantiene dentro del plazo de los dos años de prisión provisional".

Rosell cree que su prisión preventiva es "extraordinariamente dilatada y desproporcionada" y una "anomalía" máxime si se compara con casos como los del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, o los de Angel María Villar. Replica la Fiscalía que "el término comparativo con otros procesos similares no merece mayor comentario".