Política
HIPOTECAS

Unidos Podemos pide la dimisión del magistrado Díez Picazo por las hipotecas

En la querella se pide la suspensión del pleno del dia 5 porque "hay sospechas muy fuertes sobre la legalidad" de la decisión adoptada por Díaz Picazo

Luis María Díez-Picazo, el juez que frenado la doctrina sobre el impuesto hipotecario. / EFE

Madrid

El grupo Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea ha interpuesto este martes ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo una querella por prevaricación judicial contra el presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo después de que el magistrado paralizara la sentencia que dictaminaba que los bancos tenían que pagar los gastos hipotecarios

La iniciativa política se suma a la de la asociación Jueces para la Democracia al pedir la dimisión Díez-Picazo por su gestión de la sentencia sobre el impuesto de actos jurídicos documentados en una hipoteca.

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El partido de Pablo Iglesias también ha pedido la suspensión de dicho Pleno como medida cautelar, según el texto publicado por la diputada y abogada Gloria Elizo en las redes sociales. “No podemos permitir que la Justicia sirva a intereses económicos y políticos de los poderosos”, ha defendido la dirigente.

La querella se presenta por un posible delito de prevaricación judicial por la decisión de Picazo de elevar al Pleno de la Sala del próximo dia 5, la jurisprudencia posterior al fallo que atribuye a los bancos y no a los particulares, la obligación de hacer frente al impuesto sobre las hipotecas.

Esta querella se acoge al artículo 446.3 del Código Penal, que contempla una inhabilitación de hasta 20 años. Este artículo recoge “la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años, cuando dictara cualquier otra sentencia o resolución injustas.

Jueces para la Democracia pide la dimisión

La asociación progresista Jueces y Juezas para la Democracia pidió el lunes la inmediata dimisión del presidente de la Sala Tercera. “No existen precedentes de esta insólita actuación Díez-Picazo: si quería hacer uso de los artículos 197 y 198 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, estas facultades deben de ejercitarse antes del dictado de la sentencia. De lo contrario se enfrenta a la incompetencia, incomprensión, mala imagen de la Administración de Justicia que ha generado, además del consiguiente descrédito de sus propios compañeros a los que preside y que han elaborado una sentencia perfectamente discutida, razonada y razonable”.

Jueces y Juezas para la Democracia considera que el presidente de lo Contencioso “ha realizado una nefasta gestión de este asunto del que es único y exclusivo responsable, ha generado él solo alarma social, ha provocado desconcierto en la ciudadanía que no saben qué hacer con sus hipotecas y toda su economía doméstica, ha generado inseguridad jurídica, ha utilizado indebidamente las facultades legales que la legislación le encomienda a un tribunal colegiado y de la entidad del Tribunal Supremo, y ha puesto en tela de juicio la imparcialidad e independencia de los jueces, generando ante la ciudadanía una imagen lamentable de sus juezas y jueces”.

Asimismo, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria ha lamentado la “confusión” generada por Díez-Picazo que “no contribuye a la imagen del Poder Judicial”.

 
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