El Gobierno niega que la Abogacía haya hecho un gesto al independentismo y dice que su criterio ha sido jurídico
Dolores Delgado ha negado "gestos" de la Abogacía al independentismo con su decisión de no acusar de rebelión, sino solo de sedición y malversación, a los promotores del 1-O
La próxima semana se dará el "último paso administrativo" para avanzar en la exhumación de los restos del dictador Franco
El Ejecutivo recurrirá ante el Constitucional la reprobación del rey incluida en una resolución del Parlamento de Cataluña
El Gobierno dice que las calificaciones de la Abogacía del Estado responden a criterios "estrictamente técnicos y jurídicos"
Madrid
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha negado este viernes que la Abogacía General del Estado haya hecho "gestos" al independentismo con su decisión de no acusar de rebelión, sino solo de sedición y malversación, a los promotores del referéndum independentista del 1-O, y ha hecho hincapié en que sus criterios han sido exclusivamente jurídicos.
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"No es una cuestión de gestos, es una cuestión jurídica de valoración de los hechos y de aplicación del Código Penal bajo criterios estrictamente profesionales", ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Delgado ha alegado que, precisamente, ha habido mucho debate entre expertos jurídicos sobre los delitos de rebelión, sedición y desobediencia grave y que la Abogacía ha actuado solo "desde la profesionalidad". "No se trata de gestos", ha remachado.
Así, no ha querido valorar si esta toma de posición de la Abogacía puede ayudar a que los partidos independentistas apoyen en el Congreso de los Diputados el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de Pedro Sánchez.
"Que sirva o no sirva, no tengo ni idea. De lo que estamos hablando en este momento es de una fase procesal que se inicia", ha dicho Delgado que, además, ha señalado en varias ocasiones que las conclusiones que ha presentado este viernes la Abogacía son provisionales.
La titular de Justicia ha explicado que en el escrito de conclusiones provisionales se establecen tres órdenes de autoría: los miembros del entonces Govern de la Generalitat, los que formaban parte de la mesa del Parlament y la sociedad civil que tuvo una acción protagonista.
En función de esa participación, Delgado ha subrayado que la Abogacía ha calificado los hechos como "posible delito de sedición y delito de malversación de caudales públicos, en lo que se denomina concurso medial, es decir, que la malversación es un delito medio para alcanzar el de sedición".
Y además, ha informado de que hay un tercer delito de "desobediencia grave a resoluciones judiciales, que tiene una pena muy inferior a la sedición".
Aquí, ha dicho, se encuentra la "horquilla" establecida por la Abogacía del Estado, "desde los 12 años que se interesan para el exvicrepresidente Oriol Junqueras a la multa para los que se consideran posibles autores de un delito continuado de desobediencia grave".
La próxima semana se dará el último paso para exhumar a Franco
El Gobierno dará la próxima semana el "último paso administrativo" para avanzar en la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, después de haber rechazado hoy un recurso y una recusación en contra de esta medida. Carmen Calvo, en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, ha revelado que el proceso para exhumar al dictador avanza "con absoluta normalidad", por lo que ha dado por hecho que "los restos de Franco salen del Valle de los Caídos".
El Gobierno no aceptará que los restos de Franco sean enterrados en un lugar "donde puedan ser objeto de homenaje"
Por lo que respecta a la inhumación posterior de estos restos, ha dejado claro que el Gobierno no permitirá su entierro en ningún lugar que no sea de "decoro y privacidad", lo que descartaría la catedral de la Almudena, y quiere "la colaboración de la Iglesia" en este objetivo para que no el dictador no pueda ser "enhaltecido" de ningún modo.
La reprobación del rey, ante el Constitucional, pese al Consejo de Estado
El Gobierno ha acordado recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la reprobación del rey incluida en una resolución del Parlamento de Cataluña, aunque respeta el dictamen contrario del Consejo de Estado, porque "al Gobierno no le parece suficiente el reproche político".
Calvo ha explicado que al Ejecutivo le parece "absolutamente oportuno" que el TC se pronuncie sobre la pretensión de un Parlamento de "invadir competencias" que no le corresponden al pronunciarse sobre la forma de Estado y promover una "politización de la figura del rey".
La resolución del Parlament, presentada por Catalunya en Comú Podem y aprobada con el apoyo de Junts per Catalunya y ERC, condenaba la toma de posición del rey en el "conflicto catalán", así como lo que consideraba "justificación de la violencia" policial el 1-O, y abogaba por la abolición de la institución monárquica, que el Parlament califica de "caduca y antidemocrática".
