FACUA reclama que la autoridad de protección al usuario financiero pueda imponer sanciones
Ruben Sánchez: "Queremos que cuando un usuario plantee una reclamación a este organismo, si el banco no asume la resolución, haya una multa"
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Madrid
La organización FACUA-Consumidores en Acción reclama al Gobierno que la nueva autoridad de protección al usuario financiero, cuya creación fue anunciada en el Consejo de Ministros de este jueves, cuente con los recursos suficientes para que pueda ser eficaz. Es decir, que tenga capacidad de poder aplicar sanciones a la banca en caso de que se detecten infracciones.
De no ser así, según, Ruben Sánchez, portavoz de FACUA, “no sería más que otra figura decorativa”. “Queremos que cuando un usuario plantee una reclamación a este organismo, si el banco no asume la resolución, haya una multa” ha asegurado.
En este sentido, desde FACUA han criticado la “pasividad” de organismos como el Banco de España y las autoridades de consumo autonómicas que tienen competencias sancionadoras y no las ejercen. Decía Sánchez que “los bancos se ríen de las resoluciones del Banco de España porque no son vinculantes, no son de obligado cumplimiento, por eso se saltan a la torera lo que el organismo dice”. “Es hora de empezar a poner multas” ha apuntado.
Según Rubén Sánchez, ante fraudes e irregularidades como las cláusulas suelo, las participaciones preferentes o el cobre de comisiones ilícitas, FACUA aboga por que la autoridad de protección de los usuarios financieros realice controles de oficio y abra expedientes cuando las organizaciones de consumidores presenten denuncias y no “solo se pongan multas cuando haya 10.000 usuarios que reclamen, si no directamente cuando se detecte una irregularidad”.
Por otra parte, la organización de consumidores, más allá de la capacidad que pueda tener esta entidad para aplicar multas ante los fraudes o las infracciones, pide “voluntad política”. Decía Sánchez que “un órgano de este tipo sin voluntad en el Gobierno para controlar al sector bancario no va a servir para nada en absoluto”.
Además, apuntaban desde FACUA, la creación de la autoridad de protección al usuario es una exigencia de una directiva europea, traspuesta al sistema jurídico español con la Ley 7/2017 de Resolución Alternativa de Conflictos de Consumo. En la misma se concedía un periodo de ocho meses para su implantación, con lo que ya van tres de retraso.
