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Dejan en libertad a la joven encarcelada por abortar tras sufrir una violación

Imelda Cortez se quedó embarazada tras la violación de su padrastro, que abusaba de ella desde los 10 años

Imelda Cortez tras conocer su absolución el pasado lunes / ()

Un tribunal de El Salvador ha absuelto y puesto en libertad este lunes a Imelda Cortez, la joven que fue encarcelada en abril de 2017 acusada de homicidio al tener un parto extrahospitalario tras un embarazo producto de una violación, según ha informado su defensa.

El caso de Cortez se ha vuelto emblemático de la lucha de las salvadoreñas en contra de las estrictas leyes que rigen su vida sexual y reproductiva. El Salvador es uno de los cinco países en el mundo donde el aborto está completamente prohibido, sin importar las circunstancias.

Según la Agrupación por la Despenalización del Aborto, actualmente alrededor de 22 mujeres cumplen penas de entre seis y 35 años por el delito de homicidio agravado vinculado al aborto.

El juzgado ha dictaminado, a partir de las pruebas periciales, que Cortez no fue responsable del intento de homicidio de su hija, por lo que ha decidido eximirla y dejarla en libertad.

Por su parte, la Fiscalía ha solicitado al juzgado cambiar el tipo de delito en contra de Cortez, de "homicidio agravado en tentativo" por el de "abandono y desamparo" de su hija recién nacida, una acusación que fue aceptada por la imputada.

Cortez, una estudiante de 20 años, se quedó embarazada tras la violación de su padrastro de más de 70 años de edad en el municipio de Jiquilisco, en el sureste del país.

Al salir del tribunal, Cortez ha sido recibida con aplausos y abrazos de familiares y activistas defensores de Derechos Humanos que llevaron carteles para exigir su libertad.

"Esta sentencia absolutoria, si bien representa la libertad para Imelda, también representa esperanza para mujeres que aún están en la cárcel y que también están siendo procesadas por homicidio agravado", ha indicado a Reuters la abogada de Cortez, Ana Martínez.

El presidente del país, Salvador Sánchez Cerén, propuso en 2017 impulsar una reforma para permitir la interrupción del embarazo en casos de violación o cuando la vida de la madre esté en riesgo, pero el proyecto no ha prosperado en el Congreso.

A mediados de febrero, Teodora Vásquez fue liberada tras cumplir 11 de los 30 años de condena por un supuesto aborto ilegal.

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