Los dardos de la Fiscalía a la venta de vivienda pública a fondos buitre
La Fiscalía no ve delito en la venta de 3.000 viviendas públicas en 2013 en Madrid pero sí irregularidades
En su escrito critica que la normativa madrileña permitiese hacer esta enajenación masiva de vivienda pública
Manifestación contra la venta en Sol / Alberto Pozas
Madrid
La Fiscalía ha pedido que la causa que investiga la venta de 3.000 viviendas públicas a un fondo buitre sea archivada al no encontrar indicios de delito en el proceso, pero lanza varios dardos a la administración regional que dirigía entonces Ignacio González. El proceso, reitera la Fiscalía, "adolece de irregularidades" y cuestiona incluso la normativa madrileña que permitió el proceso.
Irregularidades
El Ministerio Público concluye que no hubo ni malversación ni prevaricación en la venta, pero sí refleja las irregularidades previamente detectadas, por ejemplo, por la Cámara de Cuentas o los juzgados de lo contencioso-administrativo. "El procedimiento administrativo adolece de irregularidades", explica, apuntando directamente a la justificación de innecesariedad de las viviendas, paso previo obligatorio para poder enajenarlas. "La aparente justificación contenida en la memoria en cuestión se contenta con una serie de formulaciones genéricas, pero inconvincentes. No se acierta a comprender por qué esas viviendas ya no eran necesarias para el fin social a que estaban afectadas, singularmente cuando había otras viviendas en proceso de construcción", dice.
La verdadera razón
La Fiscalía explica en su escrito que detrás de toda la normativa y justificaciones desplegadas en su momento por la Comunidad de Madrid lo que había era la necesidad y la intención de hacer caja a toda costa. "La finalidad de la venta no fue la de facilitar el logro de los fines sociales que perseguía el IVIMA, detrás de las decisiones de vender las promociones se oculta la verdadera intención de sus responsables: necesidades de tesorería para alcanzar el objetivo del déficit presupuestario en la Comunidad de Madrid, como en el propio IVIMA", explica la Fiscalía. Esto, según el Ministerio Público, se intento "ocultar" en las memorias justificativas.
Alberto Pozas
Alberto Pozas
Las partidas sociales
Para la Fiscalía, la venta de las casi 3.000 viviendas públicas "fue eficaz" ya que "supuso el ingreso de una cantidad importante de dinero" procedente de la vivienda social que no fue destinada a fines sociales, o al menos no hay pruebas de ello. "Es de destacar que no se han identificado por los investigados, de manera precisa, las partidas concretas y las políticas sociales a que se asignaron los fondos recibidos como consecuencia de la enajenación".
La legislación madrileña
La Fiscalía también dedica varios párrafos a la normativa madrileña que permitió ejecutar la venta, según su criterio, sin entrar en el terreno del Código Penal. "Lo verdaderamente insólito en el caso que nos ocupa, y que requiere de reflexión al objeto de proceder a su posible modificación, es la existencia de una normativa sectorial en la Comunidad de Madrid que autoriza la venta de promociones públicas a fondos de inversió", dice el Ministerio Público.
Sonia Gomendio, una de las imputadas / Sonia Palomino
Sonia Gomendio, una de las imputadas / Sonia Palomino
Critica también que la normativa regional de Patrimonio se conforme con los requisitos de innecesariedad, la alienabilidad y la tasación como filtros previos a una operación así, asegurando que "es discutible que garantice suficientemente el patrimonio de la Comunidad de Madrid".
El IVIMA contra la vivienda social
No hubo delito pero sí irregularidades, y la Fiscalía incluso señala al modelo de gestión de política social que llevaba en ese momento la Comunidad de Madrid. Para el Ministerio Público "cabe sostener que las actuaciones llevadas a cabo por IVIMA pueden ser consideradas contrarias a una política social de vivienda por quienes sostengan una visión en la que los poderes públicos han de ser los únicos actores en la política social", reconociendo que en sentido contrario puede interpretarse que su actuación fue correcta "en atención a la situación de emergencia presupuestaria", aunque ambas opciones estén dentro de la legalidad.
