La Fiscalía cambia de criterio y pide archivar la investigación de la venta de vivienda pública a fondos buitre

Madrid

La Fiscalía de Madrid ha decidido cambiar el criterio mantenido durante el último año y ha pedido el archivo de la causa que investiga la venta de 3.000 viviendas públicas de la Comunidad de Madrid (IVIMA) a un fondo buitre. En esta causa, que ha cambiado recientemente de fiscal, están imputados los exaltos cargos del organismo Juan Van Halen y Ana Gomendio: la Fiscalía llega a esta conclusión tras examinar más informes periciales y reconoce que se produjeron "irregularidades" gracias a una "legislación permisiva".

Después de haber afirmado en un informe de 2017 que "ratifican" y que aseguró que la venta fue un proceso "trufado de irregularidades", ahora la Fiscalía - después de examinar todas las pruebas y los informes periciales - entiende que "no se ha acreditado la existencia del delito de malversación, ni del delito de prevaricación ni del de fraude de funcionarios públicos" e invita a los afectados a recurrir su situación por la vía contencioso-administrativa.

La causa, llevada en el juzgado de instrucción número 48 de la capital, investiga el proceso de enajenación de 2.935 viviendas, 3.084 garajes, 1.865 trasteros y 45 locales de titularidad pública a un fondo buitre en 2013 por el gobierno regional que dirigía entonces Ignacio González. Hasta la fecha, la Fiscalía había entendido que podían haberse cometido delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación al entender que el IVIMA hizo el proceso de venta con todas las facilidades para buscar el enriquecimiento del fondo de inversión, rechazando eso sí que los altos cargos del organismo imputados hubiesen también salido beneficiados en el proceso.

Ahora el Ministerio Público pide el archivo de la causa al entender que el proceso de enajenación "estuvo guiado por el propósito de reducir el pasivo del IVIMA y de obtener liquidez para cumplir el objetivo del déficit público" y que "no se ha acreditado la existencia del delito de malversación, ni del delito de prevaricación ni del de fraude de funcionarios públicos".

Nuevos informes

La Fiscalía justifica el cambio en su línea de argumentación mantenia hasta ahora en un hecho relevante: un nuevo informe pericial que descarta el perjuicio patrimonial a las arcas públicas. "La diferencia de valoración entre el precio de adjudicación y el valor real, conforme al informe del perito, siendo en sí misma apreciable, carece de relevancia a los efectos penales", explican.

Entiende por tanto la Fiscalía que una vez estudiado este informe pericial queda demostrada "la ausencia de ánimo de apropiación o alternativamente de causación de un perjuicio patrimonial" por parte de los acusados. Tampoco ha habido "concierto entre los investigados y terceros interesados en la adjudicación" o al menos no ha podido acreditarse.

Anulación contenciosa

Según ha informado en un comunicado la Fiscalía, el Ministerio Público recuerda que los que se consideren afectado por la venta de estas 32 promociones de viviendas públicas pueden acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. Tal y como reveló la Cadena SER, ya son varios juzgados de la capital los que han considerado que esta venta fue realizada de forma irregular y han dado la razón a los afectados.

La primera sentencia dictada a este respecto cuestionó la venta perpetrada por el ejecutivo de Ignacio González de forma contundente, explicando que declaro la innecesariedad de las viviendas públicas "sin que se explique ni justifique dicha afirmación con ningún tipo de informe o análisis complementarios de carácter técnico, económico, financiero y legal".