Resistencias en el seno del Gobierno para activar medidas urgentes sobre cambio climático

Madrid

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, está encontrando resistencias en el seno del Gobierno para impulsar las prioridades de su departamento en materia de cambio climático. Hasta en dos ocasiones ha intentado Ribera llevar al Consejo de Ministros un Real Decreto que, por ahora, no ha salido adelante, sobre todo, porque hay departamentos que no están de acuerdo con las medidas que Transición Ecológica considera medidas “urgentes” y, por tanto, regulables a través de este instrumento legislativo.

En un primer momento, el equipo de Teresa Ribera intentó volcar en un Real Decreto (un tramitación rápido) todo lo que tenían previsto aprobar a través de una ambiciosa Ley de Cambio Climático, cuyas bases ha presentado públicamente. La Moncloa frenó ese borrador porque en el resto de los departamentos saltaron las alarmas: entendieron que pretendía cambiar el modelo energético del país sin el debate profundo y la participación de todos los ministerios que requeriría una reforma de este calado. Hubo un segundo intento. En los días previos a la reunión de Barcelona del Consejo de Ministros, los ministerios recibieron otro borrador, más rebajado, que incluso dejaba fuera la controvertida reforma del diésel. En ese texto no había referencia alguna a la prohibición a partir de 2040 de la matriculación y venta en España de vehículos con emisiones directas de dióxido de carbono, que un tema que preocupa mucho a algunos sectores del PSOE por el coste electoral que pueda ocasionarles de cara al 26M si se abre el debate en plena precampaña electoral.

Según confirman a la Cadena Ser distintas fuentes del Gobierno, esta última propuesta, políticamente menos delicada, tampoco se tramitó y, el pasado 19 de diciembre, no pasó el corte de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, que es el organo se reúne todos los miércoles para estudiar los temas que van al Consejo de Ministros. El borrador que se pasó al resto de ministerios para su estudio tenía “la friolera de 59 páginas”, según explica a la SER un miembro del Ejecutivo. “Todo eso no puede ser materia urgente regulable por decreto”, añade esa fuente, muy crítica con cómo está gestionando Ribera el impulso de las prioridades de su departamento.

Las principales pegas a la tramitación urgente de las medidas que plantea Transición Ecológica las ponen los departamentos de Economía, Industria o Agricultura, que quieren que las reformas se planteen a través de la Ley de Cambio Climático, con tiempo para debatir porque la tramitación de forma ordinaria de una ley da audiencia y capacidad de análisis no sólo al conjunto del Gobierno sino a los distintos sectores afectados por las reformas. Y en la Moncloa, hasta ahora, les han dado la razón y Ribera ha fracasado en sus intentos. Sobre las urgencias del Real Decreto, fuentes de la Vicepresidencia del Goberno insisten a la SER en que la regulación por decreto solo puede afectar a medidas urgentes y que, por ahora, no hay nada cerrado al respecto.

En paralelo a los trabajos sobre estos contenidos que Transición Ecológica quiere aprobar de forma urgente, el Gobierno mantiene su idea de presentar la Ley que, en función de lo que dure la legislatura, podrá aprobarse o no. El compromso del presidente era presentar esa norma en 2018 y, a pesar de que en su último comparencia en el Senado, en diciembre, reafirmó esa promesa, el año acabó y el proyecto de ley no ha llegado al Congreso. Transición Ecológica no le pone fecha concreta y asegura que la llevará “lo antes posible” y explica que está trabajando “en paralelo” en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que “en las próximas semanas” enviará a Bruselas. Ahí estará marcada y pormenorizada, según aseguran, la hoja de ruta hasta 2050.

El Gobierno socialista ha trabajado este documento a marchas forzadas. Antes de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa, las discrepancias entre los departamentos de Energía y Medio Ambiente en el anterior Ejecutivo del PP retrasaron mucho esta planificación que exige la Unión Europea a todos los países miembros.Sánchez unificó estas competencias en el Ministerio de Transición Ecológica, pero hay otros departamentos, fundamentalmente económicos, que no comparten ni sus plazos ni sus medidas para poder cumplir los objetivos en la reducción de emisiones. El debate no es menor porque estas reformas suponen una profunda transformación de la economía: el objetivo es reducir las emisiones como mínimo al 90 por ciento en 2050.