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La huelga del taxi: qué reclaman y qué ponen las comunidades sobre la mesa

  • Desde el sector ya no abogan en esta ocasión por disminuir el número de licencias VTC
  • El taxi busca frenar la expansión de los VTC regulando el tiempo de precontratación

Protestas de taxistas en la Gran Vía de Madrid. / ()

El conflicto entre el sector del taxi y las plataformas de vehículos VTC, como Uber y Cabify, sigue enquistado: se posponen fechas y de huelga en huelga. Los taxistas de Madrid y Barcelona han vuelto a tomar las calles para exigir la regulación del modo de captación de clientes de los vehículos VTC y amenaza con extenderse a otras ciudades como Valencia e incluso a la frontera con Francia. En la otra orilla, los VTC piden que no se ceda al chantaje. En definitiva, en una posición parecida a la que había hace unos meses, pero esta vez ha cambiado uno de los protagonistas.

Cuando los taxistas se movilizaron este verano lo hicieron en la Castellana de Madrid, ante la sede del ministerio de Fomento. Pero esta vez el tiro lo dirigen contra las autoridades autonómicas. El gobierno central se ha quitado de en medio. Aún estaba en marcha la movilización de taxistas de julio cuando el número 2 del Ministerio de Fomento, Pedro Saura, ya anunció la intención de legislar para que la regulación de los VTC fuese una competencia autonómica.

"Uno de los planteamientos que le hemos hecho al sector del taxi es la transferencia a las comunidades autónomas de algo que tiene que ver con los urbanos y periurbano. Por lo tanto, cada comunidad autónoma, en su ámbito, tomará las decisiones que crea oportunas", decía Saura por aquel entonces.

En septiembre el Gobierno aprobaba un decreto ley, luego convalidado por el Congreso, que cumplía con lo anunciado por Fomento: las comunidades tendrán la última responsabilidad, decía el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. "De alguna forma, en este caso, tendrán una regulación similar a la que ahora mismo tiene el taxi. El taxi tiene una regulación autonómica y municipal para el transporte urbano y una estatal para el interurbano. Quedarán en la misma situación", afirmaba.

En ese decreto se establecía una moratoria para los que tienen licencias VTC. Durante cuatro años, las actuales autorizaciones, y las que puedan darse por sentencia en los próximos meses, tendrán el mismo valor que ahora. Pero pasado ese tiempo sólo servirán para servicios interurbanos. La única posibilidad de seguir realizando servicios urbanos —con principio y final dentro del mismo municipio o área metropolitana— es que la autonomía respectiva les conceda una segunda licencia. Pero desde ya, desde la aprobación de ese decreto, las autonomías pueden regular el sector.

Interrogantes del conflicto

El taxi protesta porque se ha rebasado con creces la proporción de 1 VTC por cada 30 taxis que establece la normativa. ¿En qué proporción estamos ahora?

Con datos del Ministerio de Fomento, a 3 de enero había en España casi 66.000 licencias de taxi y algo más de 13.000 de VTC. La proporción es de 1 a 5. Y en Madrid de 1 a 2,4: hay 12 veces más licencias VTC que las que preveía la normativa.

Pero ahora el taxi no está pidiendo que se retiren licencias. ¿Qué piden?

Quizá la retirada de licencias esté considerada como un objetivo imposible, porque los dueños pedirían una indemnización, que podría llevar a una factura multimillonaria. De hecho Fomento interpreta que su moratoria de cuatro años establece un plazo suficiente para que los dueños de licencias VTC puedan amortizarlas haciendo también servicios urbanos, y que no tendrán derecho a ninguna indemnización económica. Pero muy probablemente sería distinto si se les quiere retirar antes.

Entonces, ¿el taxi busca otras fórmulas para frenar la expansión de los VTC?

Sí, y tanto en Madrid como en Barcelona exigen que se imponga un margen de tiempo desde que se contrata un VTC hasta que se presta el servicio. Seis horas en Madrid, 12 en Barcelona. Madrid dice que no es de su competencia e invita a los ayuntamientos a hacerlo si quieren. La Generalitat sí se ha mojado: establece 15 minutos de plazo, y deja que lo amplíen, si quieren, los ayuntamientos. Que sepamos, ninguno ha asumido hasta ahora esa responsabilidad. Tampoco quieren convertirse en objeto de las iras de los taxis, de los VTC, o de ambos. Por cierto, el decreto en vigor —en su disposición adicional primera— faculta a las autonomías a regular en su territorio aspectos como la precontratación: que es de lo que se está hablando ahora.

La negociación en Madrid

Los taxistas madrileños han calificado de "broma" el borrador de reforma de la ley que la Comunidad de Madrid ha presentado a las principales asociaciones para regular las licencias VTC, por lo que rechazan desconvocar la huelga indefinida que han iniciado este lunes [Consulta las medidas del borrador].

El Gobierno de Ángel Garrido ha puesto encima de la mesa que sean los ayuntamientos quienes otorguen una licencia municipal para que los VTC presten sus servicios. El presidente de Fedetaxi, Miguel Ángel Leal, ha criticado que el Gobierno regional trate de "pasar la pelota" al ayuntamiento de Madrid para que defina el servicio de precontratación de las VTC, que operan plataformas como Uber y Cabify. "El borrador nos parece una broma", ha señalado Leal, que ha acusado a la Comunidad de Madrid de "insultar" al sector del taxi.

A su juicio, existen "pocas posibilidades" de que las negociaciones avancen en esta sentido si la administración regional "se cierra en banda" en aspectos como la precontratación del servicio de VTC, la captación o que no tengan la obligación de regresar a "una base". "Se están pasando el problema los unos a los otros y el taxi en la ruina", ha dicho.

La negociación en Barcelona

Los taxistas de Barcelona, en huelga indefinida desde el viernes, han endurecido este lunes sus protestas antes de verse mañana con el Govern, que preveía aprobar el decreto sobre los vehículos de alquiler con conductor (VTC) en el plazo de un mes, aunque ahora baraja aumentar ese plazo. Además de mantener bloqueado por cuarto día el tramo central de la Gran Vía de Barcelona, unos 2.000 taxistas, ataviados con chalecos amarillos, han llevado esta mañana sus protestas al centro de Barcelona, a la Ronda Litoral y al Puerto, entre otros puntos de la ciudad, con lo que han colapsado la circulación en Barcelona e incluso se han enfrentado a las fuerzas de seguridad.

Los taxistas incluso han intentado entrar en el Parque de la Ciutadella para dirigirse al Parlamento catalán, pero la policía autonómica catalana les ha cerrado el paso y tres agentes de la policía catalana han resultado heridos de diversa consideración durante los enfrentamientos. También ha habido otro herido, en este caso un Guardia Civil, al tratar de impedir que los taxistas accedieran al Puerto de Barcelona. Los taxistas, además, han causado daños a un vehículo VTC que llevaba pasaje en la Ronda Litoral y a otro coche de Cabify en la calle Comte Borrell, cerca del Mercat de Sant Antoni. Por su parte, conductores de vehículos VTC han bloqueado esta mañana parte de la Diagonal de Barcelona con sus automóviles entre la plaza Francesc Macià y la de Pius XIII. Con estas protestas, ambos colectivos tratan de presionar al Govern para que tenga en cuenta sus intereses a la hora de regular su actividad.

Tras verse con representantes de las empresas VTC, el conseller de Territorio de la Generalitat, Damià Calvet, ha insistido en defender un tiempo mínimo de 15 minutos desde que un usuario contrata el servicio de un Uber o un Cabify hasta que se presta dicho servicio. Al mismo tiempo, ha garantizado que el decreto dará cobertura legal al Área Metropolitana de Barcelona para que esta pueda establecer un tiempo mayor mediante un reglamento. Entre tanto, el conseller ha exigido de nuevo a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que "asuma sus responsabilidades y no se esconda tras la Generalitat", mientras que Ada Colau ha propuesto que el tiempo de precontratación de un VTC sea al menos de "una hora", ha culpado a Calvet de "generar la polémica" con su propuesta y le ha instado a solucionar la huelga "entre hoy y mañana".

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