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Así te hemos contado la quinta jornada del juicio al procés

  • Rull ha justificado no obedecer al Constitucional por su "falta de legitimidad moral"
  • Dolors Bassa ha negado malversación y ha dicho no tener "ni idea" de la procedencia de las urnas
  • Meritxell Borràs asegura que el Govern acordó asumir los gastos del 1-0 "por dar imagen de compromiso"
  • Carles Mundó ha negado haber desobedecido los requerimientos del Tribunal Constitucional

DIRECTO | Juicio al procés. / CADENA SER

El exconseller de Justicia, Carles Mundó, ha negado en el juicio del procés haber desobedecido los requerimientos del Tribunal Constitucional y, previamente, ha asegurado que la primera vez que leyó Enfocats, en la prensa, le pareció un documento "estrambótico".

Antes de Mundó han declarado Josep Rull, Dolors Bassa y Meritxell Borràs. Bassa, exconsellera de Asuntos Sociales y Trabajo, ha negado todo indicio de malversación y ha asegurado que el referéndum del 1-O nunca fue previsto "como un acto concluyente" y que se organizó para llegar a un pacto a través del diálogo. Además ha rechazado responder a Vox "por derecho a las mujeres españolas".

Por su parte, Borràs, exconsellera de Gobernación y Vivienda, ha explicado que el Govern acordó asumir los gastos del 1-0 "por dar una imagen de compromiso", pero no por la voluntad de gastar dinero público.

El exconseller de Territorio Josep Rull ha asegurado en el juicio del procés que el Govern se movió "desde la convicción de que convocar un referéndum no es delito" y ha recordado que justo ayer el Congreso rechazó castigar con cárcel la organización de referendos ilegales, a iniciativa del Partido Popular.

Toda una "casualidad", como lo ha calificado Rull en el juicio del procés, que celebra el Tribunal Supremo y en el que se enfrenta a una petición fiscal de 16 años de cárcel por rebelión agravada con malversación.

Rull, como el resto de consellers del Govern de Carles Puigdemont, ha alegado que la convocatoria del referéndum del 1-O no era delito, porque éste fue derogado hace años con la llegada del socialista José Luis Rodríguez Zapatero a la Moncloa.

Y ha recordado que precisamente ayer, mientras el Supremo juzgaba "actos concretos" vinculados al 1-O, el Congreso tumbaba una proposición de ley del PP para que se castigue con pena de cárcel de entre tres y cinco años a los cargos o funcionarios que promuevan consultas ilegales.

"El PP dice, 'Como ahora no es un delito, pedimos que vuelva a ser un delito'", ha señalado Rull en referencia a la iniciativa, que solo encontró el respaldo de Ciudadanos y Foro Asturias.

El Partido Popular motivó su proposición en que "los acontecimientos recientes de la historia de España" como la participación en "consultas ilegales" revisten "de suficiente entidad como para merecer un reproche penal, sin que las formas diferentes de control de la legalidad hayan sido suficientes para reprimir y disuadir de las conductas que los mismos penaban".

En respuesta al Ministerio Fiscal, Rull ha insistido que "cumplir el mandato democrático de la ciudadanía y articular mecanismos para que se pudiesen expresar libremente no era ningún problema".

Y como hiciese ayer su compañero de partido Jordi Turull, con el que comparte abogado, ha asegurado: "Nuestra voluntad política ahora y siempre es pactar un referéndum con el Estado".

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Cadena SER

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