Los acusados relativizan el procés y asumen la desobediencia como mal menor

El Tribunal Supremo ha necesitado tres semanas para interrogar a los doce acusados en el juicio al procés. Los líderes independentistas han exhibido elementos transversales de defensa que se han repetido a lo largo de los días: relativizar los efectos prácticos del procés, reconocer que no obedecieron sin matices las órdenes del Tribunal Constitucional, negar haber usado dinero público en el referéndum o rechazar de plano la violencia. La Fiscalía cree que los líderes independentistas tenían intención de separar Catalunya de España y si no lo consiguieron fue por la puesta en marcha de los mecanismos del Estado. Los acusados ligados al Govern han invertido parte de las últimas tres semanas en renegar de los efectos prácticos que tuvieron sus movimientos clave: la DUI, según han dicho entre otros Meritxell Borràs, era «una expresión política que no tenía consecuencias jurídicas». Este martes la fiscal Consuelo Madrigal ha llegado a preguntar a Carme Forcadell si la Declaración Unilateral de Independencia del 27 de octubre fue un «sainete». Esta misma estrategia se extiende al referéndum ilegal del 1 de octubre con Dolors Bassa reconociendo que era una herramineta de presión para presionar pero que no tenía por objetivo la independencia: «Fue un acto más dentro de la legislatura, nunca fue un acto concluyente y menos para la independencia», dijo. Santi Vila también fue explícito: «El referéndum muta a una gran movilización política que, personalmente, nunca reconocí como referéndum». La mayoría de acusados han intentado explicar al tribunal cómo no cometieron un delito de desobediencia mientras reconocían que no habían obedecido sin matices al Tribunal Constitucional cuando les ordenó no seguir preparando el referéndum. Muchos como Turull, Rull, Cuixart o Forcadell han introducido las «ponderaciones», «dilemas» o «disyuntivas» que tenían a la hora de dar acuse de recibo de las advertencias. «Nosotros ponderábamos siempre los dos elementos, imperio de la Ley y principio democrático», dijo por ejemplo Josep Rull. Nueve de los acusados - los que pertenecieron al Govern de Carles Puigdemont - han negado de forma monolítica haber comprometido o pagado dinero público el referéndum ilegal del 1 de octubre. «No se gastó ni un euro en el referéndum», dijo contundente Jordi Turull. «No hubo gasto por parte del Gobierno en el referéndum, había la firme voluntad de que no lo hubiera», dijo también por ejemplo Meritxell Borràs. El exconseller Carles Mundó deslizó que podría haberse realizado con «dinero privado» y Turull terminó añadiendo que, aunque el acuerdo de Gobierno permitía este gasto, «a partir de aquí no hay ningún elemento fáctico que lo desarrolle». Ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado, por el momento, han sido capaces de ofrecer una cifra concreta de dinero supuestamente malversado aunque sí han cuantificado algunas partidas como 979.661,96 euros en papeletas, censo y citaciones o 38.431,20 euros en cartelería, entre otros. Santi Vila fue el más explicativo: con el acuerdo los exconsellers «asumíamos que en el futuro, si se tenía que asumir algún gasto, se tomaría de forma colegiada para que cada uno pudiera decidir si era adecuado o no». Ligada a la negativa a que existiese un gasto público está el desconocimiento alegado por todos los acusados sobre de dónde salieron las urnas, las papeletas y los sobres del referéndum ilegal. Este martes era Carme Forcadell la que afirmaba sobre las urnas que «esto no lo sabe nadie, me gustaría saberlo», y unos dias antes Josep Rull decía sobre las papeletas que «las había, desconozco dónde se imprimieron pero estaban». La Fiscalía atribuye, por ejemplo, el suministro de papeletas a la empresa UNIPOST. Otro argumento transversal de la mayoría de acusados ha sido asegurar que, si actuaron como actuaron, fue en parte por la negativa de los sucesivos ejecutivos centrales a sentarse a pactar una salida negociada. «La silla que tenemos enfrente siempre está vacía, siempre se niega al diálogo», dijo Oriol Junqueras en su declaración, verbalizando algo que contenían los escritos de defensa de casi todos los acusados, a lo que Raül Romeva añadió «teléfonos colgados y puertas cerradas». El tribunal escuchará en los próximos días a Mariano Rajoy y miembros de su antiguo Gobierno, y también al lehendakari Iñigo Urkullu, mediador entre Govern y ejecutivo central, y tendrá que valorar todas estas afirmaciones ante el espejo que puso Santi Vila en la sala al afirmar que él había participado como mediador en estas conversaciones con el beneplácito de Carles Puigdemont. Abandonó cuando, explicó, no consiguió evitar ni la DUI ni el 155. Todos los acusados han atacado el pilar maestro de la acusación de rebelión: la violencia en las calles de Catalunya tanto el 20 de septiembre de 2017 como poco después durante el referéndum. «Sigo negando que desde la sociedad civil se ejerciera ningún tipo de violencia» ha dicho Jordi Cuixart este martes. «No sólo no se produjo un obstáculo sino que no hubo ni una incidencia, la comitiva hizo toda su labor», dijo Jordi Sànchez la semana pasada.

Los acusados relativizan el procés y asumen la desobediencia como mal menor

La mayoría niega todos los delitos pero reconocen que no obedecieron sin matices al Tribunal Constitucional

Todos han definido la DUI como una "declaración política", añadiendo algunos que "sin efectos jurídicos"

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