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Primera sentencia firme contra Granados por el 'chivatazo' de la Púnica

El tribunal confirma la condena de la Audiencia Nacional por el soplo que le dio un guardia civil a Granados en relación con la investigación de la trama de corrupción autonómica y local

Francisco Granados, en una imagen de archivo /

El ex consejero de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, ya tiene su primera condena firme. El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a dos años de cárcel para por espionaje y filtración de secretos relacionado con el 'chivatazo' que le dio un guardia civil sobre las investigaciones a las que estaba siendo sometido en la denominada 'Operación Púnica'.

El chivatazo y la filtración de los datos originaron un grave daño a la investigación policial y un beneficio económico para este exdirigente del PP. El Supremo también ratifica una pena de dos años de cárcel para el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino y un año y 6 meses al agente en excedencia de la Benemérita Jose Luis Caro Vinagre.

La sentencia del Supremo confirma la condena impuesta por la Audiencia Nacional en diciembre de 2017 por unos hechos que se remontan al mes de septiembre de 2014 al entender que esta revelación originó un grave daño a la investigación policial, permitiendo a Granados tomar ciertas cautelas como ocultar un millón de euros en el altillo de la vivienda de sus suegros como luego se comprobó en los registros judiciales.

El Supremo rechaza que se haya violado la presunción de inocencia de los condenados al tiempo que explica que la filtración de la investigación de la UCO derivó de modo inmediato en que tanto Granados como Marjaliza adoptaran nuevas cautelas, distintas de las que hasta entonces habían observado. Del tal manera que resulta evidente el daño que causó la filtración a la investigación, ante “la imposibilidad de verificar mediante grabación u observación directa la identidad de las personas que acudían a las oficinas de Marjaliza, donde se suponía que se pagaban comisiones a personas que, ocupando cargos municipales, favorecían sus intereses”.

Un millón en el altillo

La sentencia explica que la utilización de la información recibida mediante un chivatazo se tradujo directamente en un “beneficio económico” para Granados y para Marjaliza, “mediante la ocultación del dinero que poseían en metálico y su inicial sustracción a la investigación concreta y avanzada a la que supieron que estaban siendo sometidos”. Granados, además de pedir a Marjaliza que destruyera la documentación que lo relacionaba con sus negocios, escondió el dinero que poseía en metálico (casi un millón de euros) en casa de sus suegros. Por su parte, Marjaliza también ocultó el que guardaba en metálico en su caja fuerte y lo llevó a una caja de seguridad de una entidad bancaria.

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