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España tiene dos meses para contrarrestar 75 folios de argumentos contra Llarena

La defensa de Puigdemont da por hundida la acusación de rebelión, tras el testimonio de Trapero

Puigdemont, durante un acto con la prensa / ()

Son dos causas distintas pero los abogados de Puigdemont siguen en Bélgica, empeñados en demostrar que el juez Llarena instruyó este proceso por rebelión por razones políticas y la declaración del exjefe de los Mossos de Esquadra, Josep Lluís Trapero, refuerza su confianza.

Justo el día después de escucharle decir que había puesto a punto un plan para detener, si así se lo ordenaban, a Puigdemont y a los miembros del cesado gobierno catalán, los abogados Christophe Marchand y Gonzalo Boye han presentado los 75 folios de su demanda civil contra Llarena.

Este es un proceso cuya primera vista preliminar se celebró en Bruselas el 4 de Septiembre. Proceso en el que España decidió contratar abogado para defender a su juez instructor al que Puigdemont y los exconsellers Comín, Puig, Serret y Ponsati reclaman un euro de indemnización.

Esta reclamación se ha mantenido intacta pero según han explicado a la Cadena Ser los abogados, tras aceptar el gobierno de Sánchez financiar la defensa de Llarena en Bruselas, la demanda inicial se ha ampliado para pasar de acusar al “ciudadano Llarena” por sus opiniones personales contra el proceso independentista como base del perjuicio posterior alegado, a demandar directamente “al juez y al Estado”.

La ampliación de esta demanda, implica reclamar al tribunal de Bélgica que envíe hasta el de Luxemburgo una pregunta pre-judicial, lo que en la práctica elevaría la gestión de Llarena como instructor a la justicia europea para que diga “si la norma actual, la inmunidad que protege a los jueces para impedir que su gestión en un país europeo pueda ser cuestionada desde el sistema judicial de otro estado miembro tiene sentido hoy, en la Unión Europea, si lo que está amenazado son sus valores fundamentales”, ha explicado Marchand.

El abogado belga dice que hay muchos casos en su país de jueces que han sido condenados en demandas civiles por entender que sus posiciones previas y personales crearon perjuicios a quienes fueron juzgados: “Esperamos de la justicia belga que haga lo mismo que haría si el juez fuera belga. Porque si estuviéramos ante una situación en la que un juez belga hubiera actuado sin imparcialidad también pediríamos que así se reconociera”.

Marchand niega que exista ninguna relación entre este caso, cuyo final se espera para el año 2020 y el que se está juzgando en el Supremo pero las dudas sobre la rebelión que al entender del abogado Boye ha agrandado Trapero, pueden facilitar que la justicia belga acepte trasladar el debate a la europea. Y esto mientras los abogados de Puigdemont y el entorno mas próximo afirman que no tenia ni idea del "Plan" para su detención, desvelado ayer por el exjefe de la policía catalana, añadiendo que lejos de estar incomodado, el expresident se siente incluso "orgulloso" de un testimonio que a su entender demuestra la "independencia y profesionalidad de los Mossos.

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Cadena SER

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