¿El referéndum está sobrevalorado?

Madrid

"El referéndum [...] de iniciativa popular es sumamente conveniente para una verdadera democracia". Este alegato podría haber sido pronunciado por un indignado del 15-M, pero nada más lejos de la realidad: fue el exministro franquista Manuel Fraga Iribarne quien lo usó, como portavoz de Alianza Popular, en un debate parlamentario celebrado en junio de 1978.

Su objetivo era blindar la inclusión de los referendos vinculantes en el texto de la futura Carta Magna —"el proyecto de Constitución […] no habla de la soberanía del Parlamento, sino de la soberanía nacional que reside en el pueblo español", llegó a decir—, pero al final triunfaron las tesis de su adversario (comunista) Jordi Solé Tura. Por eso, aunque últimamente se ha hablado de ellos más que nunca, los referendos, en España, siguen siendo algo excepcional.

“Someter ciertas cuestiones a referéndum, siempre y cuando se respeten los derechos básicos y no se vulneren competencias, no debería suponer ningún problema”, asegura Fernando Pindado, del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (OIDP). “Quizá no cada tres meses, como los suizos, pero hombre, sí de vez en cuando, ¡que llevamos dos [el de la Constitución Europea, en 2005, y el de la OTAN, en 1986] en 40 años de democracia!”.

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Pindado señala que “el referéndum de verdad es el que nace de la iniciativa ciudadana, mientras que el plebiscito es el que procede de la iniciativa institucional”. Pero su matiz va más allá de la semántica porque controlar la fecha y la pregunta puede resultar determinante. Por eso Alberto Penadés, profesor de Sociología en la Universidad de Salamanca, señala que “si se quiere que el referendo sea un contrapoder” es necesario que cumpla tres requisitos:

1. Que la iniciativa provenga de los ciudadanos o de una minoría parlamentaria transversal.
2. Que el número de firmas sea alto y que la recogida no esté profesionalizada.
3. Y que la formulación de la pregunta esté supervisada por un organismo autónomo.

Sea como sea, la legislación española (Ley Orgánica 2/1980) no contempla la posibilidad de que las consultas puedan celebrarse por iniciativa popular: solo la Administración puede poner en marcha una consulta oficial y, aunque sea una cuestión de ámbito estrictamente municipal, es indispensable contar con el visto bueno del Consejo de Ministros.

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¿A más referendos, más democracia?

Pero, si en los últimos años California ha legalizado el uso recreativo de la marihuana o Suiza ha incorporado la bicicleta a su constitución, ¿por qué la sociedad española no puede manifestarse, de forma directa, sobre el modelo de estado, la legalización del cannabis o la gestación subrogada? ¿Qué tan buena puede ser una democracia cuando sus ciudadanos solo pueden votar cada cuatro años?

“Nuestra Constitución se elaboró mirando de reojo a Italia para intentar evitar situaciones de inestabilidad y en un momento en el que, por venir de una dictadura, los partidos políticos eran considerados la garantía de la libertad, la modernidad y la misma democracia”, explica la politóloga Cristina Monge, profesora de Sociología en la Universidad de Zaragoza y directora de conversaciones de Ecodes.

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Pero los referendos, en su opinión, “tampoco solucionan por sí solos los problemas de participación, ni son la fórmula mágica para acabar con el descrédito de la política”. A Monge le parece “mucho más interesante el proceso previo de deliberación y el momento posterior en el que los partidos tienen que ver cómo gestionar el resultado”.

José Luis Pardo, catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense y Premio Nacional de Ensayo, opina algo parecido: “El referéndum, contra lo que suele pensarse, no es una forma de expresión ‘más democrática’ que las elecciones generales, locales o municipales; por el contrario, es el instrumento favorito de los regímenes populistas y las dictaduras, y en una democracia avanzada solo puede ser algo excepcional”.

“En democracias anglosajonas o en Suiza, los ciudadanos reúnen firmas y pasan a votar sobre un tema que les interesa”, detalla el politólogo Pablo Simón, profesor en la Universidad Carlos III. “Pero tan pocos referendos han convocado los Países Bajos o Islandia como Portugal o España. En Países Bajos, de hecho, se acaban de prohibir por ley”.

Las reglas del juego

Como el resto de los académicos consultados, Alberto Penadés opina que “la democracia puede ser excelente o lamentable” con o sin referendos, pero eso no impide que haya quien aboga por evolucionar hacia un modelo más participativo.

Eneko Agirre, director de la plataforma Osoigo —dedicada a fomentar la interacción entre políticos y ciudadanos— explica que todos los partidos hablan de “participación, transparencia o escucha activa” en sus programas electorales y, sin embargo, a la hora de la verdad meten todo eso “en un cajón”.

En su opinión, “cuantas más campañas o consultas, mejor”, pero al preguntarle qué cuestiones concretas llevaría a las urnas, Agirre responde que antes hay que definir la metodología. Por eso Osoigo lleva meses preparando un borrador de Ley Orgánica junto al experto en participación Francisco Jurado. “Lo íbamos a llevar al Congreso en marzo, pero cuando pasen las elecciones volveremos a la carga”, explica. “Es el gran objetivo de Osoigo”.

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¿Debería poder invalidarse un referéndum por baja participación? ¿Es justo exigir mayorías de dos tercios? Pablo Simón señala que en algunos países —Italia, Hungría o Polonia— ya se exige una participación mínima y recuerda que en la Columbia Británica (Canadá) sometieron a votación una reforma del sistema electoral, pero habían fijado un mínimo del 65 % para aprobarla y se quedaron en el 62: “¡Mala suerte!”. El politólogo reconoce que “la mayoría cualificada es un sesgo a favor del statu quo”, pero reivindica que el hecho de ser “un argumento evidentemente conservador” no lo hace “menos válido”.

Cristina Monge, por su parte, insiste en la necesidad de contar previamente con información fiable. “El mismo día que se supo el resultado del brexit, algunos de sus partidarios declararon que varios de los argumentos que habían esgrimido no eran exactamente así”, recuerda. “Y en el caso del procés se generó una especie de realidad paralela en la que parecía que la desconexión de España era tan sencilla como aprobar una ley”.

Monarquía, cannabis o vientres de alquiler

Al plantearle la posibilidad de someter a referéndum el modelo de estado, José Luis Pardo responde que le parece “muchísimo más operativo que quienes quieran sustituir la monarquía por la república expliquen sus razones […], lo incluyan en su programa electoral —asumiendo el coste que pueda tener en términos de votos— y vayan buscando la mayoría necesaria para modificar el correspondiente título de la Constitución” para, posteriormente, convocar el plebiscito que la Carta Magna exige.

Un modelo “sosegado y deliberativo” que Pardo también ve preferible en cuestiones como la legalización del cannabis o la gestación subrogada para que, así, los parlamentarios, “llegado el caso, estuvieran asesorados por comisiones de expertos”. Pablo Simón, de hecho, apunta que el primer debate sería dilucidar “qué elementos son susceptibles de ser o no votados”, teniendo en cuenta los derechos humanos y los derechos fundamentales.

“Para legalizar el cannabis no hacen falta referendos, ni creo que convengan”, sostiene Alberto Penadés, quien, ante determinadas decisiones, es partidario de poder corregir, enmendar e incluso dar marcha atrás. “Se llama democracia representativa con responsabilidad política”, dice. Los referendos “deben dosificarse para cuestiones en los que la democracia representativa parece atascarse”.

Fernando Pindado, en cambio, defiende que los Ayuntamientos deberían poder convocar referendos con cierta regularidad “para que los ciudadanos opinen sobre temas de la ciudad”. Un debate que recuerda al dilema del huevo a la gallina. ¿Deberíamos resolverlo con un referéndum?