Tribunales
OHL

La UCO acredita que la mordida a Ignacio González se pagó desde la caja b de OHL

Los agentes destacan que "por primera vez" encuentran la correspondencia tanto en las cantidades de 2.5 millones de euros como en las fechas en las que se realizaron los pagos a cambio de la concesión de la obra del tren de Navalcarnero en Madrid

La UCO también reclama al juez que vuelva a ordenar el secreto del caso porque algunos investigados han pretendido "destruir pruebas y aleccionar a terceros" que iban a prestar declaración

EFE

Madrid

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha remitido un nuevo oficio al titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que investiga la pieza separada del caso Lezo, relativa a las supuestas comisiones por al menos 38,6 millones de euros pagadas por la empresa OHL a cambio de obra pública entre 2003 y como mínimo 2014.

En su escrito, los agentes destacan que es "la primera vez" que encuentran un documento interno de OHL, directamente vinculado con el pago de la supuesta mordida a Ignacio González por la concesión de la obra del madrileño tren de Navalcarnero.

Hasta ahora, la empresa había tratado de justificar "sistemáticamente" esos pagos de 2,5 millones de euros, como contraprestación por servicios prestados a sus filiales en México.

Pero los investigadores certifican que se corresponden tanto las cantidades al euro, como las fechas en las que se ejecutaron estos pagos en Suiza al supuesto intermediario, el empresario Adrián de la Joya.

El "documento interno de OHL" clave al que se refieren los agentes es la supuesta contabilidad b de la empresa, incautada al exdirectivo de esta compañía, Felicísimo Ramos. En un pendrive hallado en su domicilio, los investigadores han encontrado unas tablas excel donde el dirigente anotaba los pagos a políticos de distinto signo a cambio de obra pública. En otro de los registros al exdirector de Zona de OHL, Paulino Hernández, los agentes obtuvieron 23 grabaciones en las que se detalla el supuesto pago de las mordidas, las obras comprometidas o la mecánica para generar dinero negro.

Porque presuntamente, la empresa obtenía dinero b desde sus propios recursos internos o también utilizaba a la administración pública. Para ello giraba a las administraciones que le habían concedido alguna obra pública, facturas ficticias por conceptos inexistentes y difíciles de controlar como camiones de grava o madera para encofrados. En colaboración con los proveedores que se prestaban al amaño, cobraban el dinero de la administración y lo ennegrecían, utilizándolo para pagar nuevos sobornos con los que incrementar la adjudicación de obra pública.

En su oficio, la UCO también advierte al juez de que "algunos de los investigados han pretendido destruir pruebas y aleccionar a terceros que iban a prestar declaración" por lo que reclama de nuevo el secreto de las actuaciones.

 
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