Recta final del juicio: la última bala de los acusados para pedir la absolución

Esta semana el juicio contra el procés independentista unilateral quedará visto para sentencia en el Tribunal Supremo después de sus últimas dos fases: los informes de las defensas y la última palabra de los acusados. La legalidad del referéndum, la existencia de un derecho a decidir o la ausencia de violencia por parte de los votantes del 1-O son algunos de los argumentos que desplegarán los abogados de los acusados en contra de lo afirmado la semana pasada por las acusaciones. Atipicidad. La base de la defensa de la mayoría de los acusados pasa por convencer al tribunal de que la autodeterminación de los pueblos es un derecho reconocido por las más altas instancias internacionales y también de que la despenalización de las convocatorias de referéndums en 2005 alcanza al 1-O. «Se destipificó en el 2005», recordó la abogada Olga Arderiu. «No hay ninguna ley, ni internacional ni de la Unión Europea, que impida la secesión de una entidad subestatal», subrayaba también el letrado Andreu van den Eynde. El núcleo de la acusación por rebelión contra nueve encausados pasa por considerar que el día del referéndum ilegal hubo una violencia buscada, permitida e instrumentalizada por los acusados para llegar a la independencia. Las defensas esgrimirán los casi cien testigos que llevaron hasta la sala para demostrar que los disturbios sólo empezaron cuando llegó la Policía Nacional o la Guardia Civil. Hasta la fecha, han defendido también, todas las manifestaciones independentistas - por ejemplo, las «Diadas», siempre habían sido un ejemplo de civismo. El 20-S, defienden los principales implicados como Jordi Sànchez, no se buscó impedir el trabajo de la comitiva judicial. La única violencia que hubo el 1-O fue producto de la actuación policial, según los acusados, y si ellos alentaron a los votantes a acudir a las urnas fue porque pensaban que todo sería como el 9 de noviembre de 2014: «la experiencia que tenemos es el 9N, en Catalunya cuando llamas a la gente a votar vota de manera tranquila y pacífica», dijo por ejemplo Jordi Turull. «Nosotros teníamos el antecedente del nueve de noviembre», aseguró Josep Rull. La referencia era «el proceso departicipación de 2014, en que cantidad de gente habían ido a votar sin ningún incidente», dijo Dolors Bassa. Las defensas consideran que las pruebas desarrolladas a lo largo de más de cincuenta sesiones cuestionan la objetividad de muchos informes y recopilaciones de pruebas realizadas en los últimos dos años por la Guardia Civil: ponen el foco en pruebas como el documento #EnfoCATs, del que reniegan, o diversos informes que analizan, por ejemplo, correos electrónicos intervenidos a los acusados entre 2016 y 2017 y en especial en los documentos firmados por el coronel Daniel Baena. Por lo pronto, el juez Marchena anunció que estudiaría las pruebas recabadas por la Guardia Civil pero no las conclusiones de informes firmados, entre otros, por este coronel. El artículo 472.5 del Código Penal exige que la intención de una rebelión sea «declarar la independencia de una parte del territorio nacional», y según algunos acusados el procés existió pero no tenía consecuencias reales. Es la tesis que han dibujado varios de ellos a lo largo del juicio, sin poder negar que organizaran un referéndum o que el Parlament votase una Declaración Unilateral de Independencia, pero ninguno de los dos movimientos obligaba a declarar la independencia. Para Meritxell Borràs, por ejemplo, la DUI era «una expresión política que no tenía consecuencias jurídicas». Para Dolors Bassa el referéndum del 1-O «nunca fue un acto concluyente y menos para la independencia». Sólo tres de los doce encausados, tras la división del juicio, se enfrentan a una acusación directa por desobediencia y no por rebelión: Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila, delito por el que fueron condenados los promotores de la consulta del 9-N. En sus escritos, los acusados negaron haber desobedecido ninguna orden directa del tribunal de garantías aunque durante el juicio abrieron la puerta a justificar esta posible desobediencia. Algunos como Carme Forcadell, Jordi Turull, Josep Rull o Jordi Cuixart hablaron de «ponderaciones», de «dilemas» o de «disyuntivas» a la hora de ponderar estas órdenes del Constitucional de no seguir adelante con el procés. «Nosotros poderábamos siempre los dos elementos, imperio de la Ley y principio democrático», dijo por ejemplo el exconseller Rull. Todos los acusados han negado también haber dilapidado dinero público catalán en el procés independentista. Algunos acusados, como Raül Romeva, no negaron la inversión en aspectos como los denominados «observadores» del referéndum, el traslado y alojamiento de políticos internacionales o el gasto en embajadas: negaron que ese gasto pueda ser considerado delictivo y que el presupuesto del DIPLOCAT pueda considerarse enteramente público. En la mayoría de los casos, la negación de la malversación pasa por defender que muchos servicios relacionados con la logística del referéndum no se llegaron a pagar o que fueron realizados por empresas en el contexto de un contrato marco con la administración catalana, como UNIPOST, o también que en casos como los anuncios emitidos por TV3 se trataban de servicios gratuitos. Argumentos que van en contra de lo afirmado, entre otras, por las peritos de Hacienda y la Intervención General del Estado. Según los acusados, ellos eran políticos dando salida a la pulsión independentista catalan por unas vías no ideales a las que les había abocado la inacción y falta de diálogo del ejecutivo central. Lo que Oriol Junqueras definió como «una mesa de diálogo en la que la silla de enfrente siempre está vacía, siempre» y con la que los acusados pretenden trasladar al Gobierno que dirigía Mariano Rajoy la responsabilidad de haber encauzado el procés por la vía unilateral. Un argumento por el que el fiscal Javier Zaragoza se refirió a Junqueras como «cínico» en su informe final y que se convirtió en un arma de doble filo en manos del testigo Enric Millo, exdelegado del Gobierno en Catalunya: «Al otro lado de la mesa yo me encontré una silla vacía, no había respuesta a nada que no fuera permitir la comisión de un acto ilegal como un referéndum de independencia», dijo. Los abogados de los doce acusados también tendrán oportunidad de desarrollar la única novedad que introdujeron algunos en sus conclusiones definitivas después del juicio. Fueron los letrados de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart los que pidieron, en caso de ser considerados culpables, que se les declare exentos de responsabilidad penal por lo que marca el artículo 20.7 del Código Penal: haber actuado «en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo». Olga Arderiu, abogada de Carme Forcadell, también puso encima de la mesala circunstancia eximente contemplada en el artículo 20.5 del mismo Código penal: incumplir la Ley «en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno».

Recta final del juicio: la última bala de los acusados para pedir la absolución

Las dos últimas sesiones del juicio estarán dedicadas a los informes de las defensas y la última palabra de los acusados

Desde defender la legalidad de un referéndum a negar haber promovido la violencia: sus argumentos principales

Webs de PRISA