Lisboa solamente apoya el amor 'tradicional': veto a los matrimonios LGTBI en las fiestas de la ciudad

Lisboa

Desde hace 60 años, cada 12 de junio el Ayuntamiento de Lisboa homenajea a Santo Antonio, patrón de la capital lusa y protector de los enamorados, sufragando los costes de las bodas de 16 parejas locales en vísperas del día del santo. Las bodas –y la posterior celebración pública de las mismas– sirven como pistoletazo de las fiestas de la ciudad y miles de personas participan en los festejos que acompañan el evento, que es retransmitido en directo a través de la televisión pública portuguesa. El Ayuntamiento pretende que todos los lisboetas participen en el feliz acontecimiento, pero en realidad hay un colectivo particular que está excluido: el de las personas LGTBI.

Los matrimonios igualitarios son legales en Portugal desde 2010, y desde 1997 las parejas elegidas para participar en las Bodas de Santo Antonio pueden elegir entre una ceremonia civil o religiosa. Pese a ello, el Ayuntamiento de Lisboa mantiene un veto sobre las candidaturas de homosexuales que aspiren a ser una de las 16 parejas seleccionadas para la iniciativa.

No hay nada en la normativa del evento que explícitamente prohíba la participación de parejas homosexuales, pero en declaraciones al diario Público Joana Cardoso, presidente de EGEAC, la empresa municipal a cargo de la organización de las fiestas de la capital lusa, confirma que “las bodas homosexuales no son permitidas” en el marco de la iniciativa.

Cardoso alega que la política discriminatoria se debe a la “connotación religiosa” del evento y la condena de la Iglesia católica a las relaciones entre personas del mismo sexo. “La posición de la Iglesia en este marco es conocida” afirma la empleada municipal, evitando valorar si las autoridades católicas deberían tener potestad sobre la celebración organizada con dinero público.

Curiosamente, el Patriarcado de Lisboa afirma que no tiene nada que ver con la política municipal en este sentido, y señala que aunque no permitiría la participación de parejas homosexuales en las bodas religiosas celebrados en el marco del evento, no tendría nada que decir sobre la participación de personas LGTBI en las bodas civiles, ya que “la Iglesia no interviene en esos asuntos”.

Este año cinco de las 16 parejas que participan en el evento se han casado por lo civil; el alcalde de la ciudad, Fernando Medina, ha oficiado la ceremonia en el salón de honor del Ayuntamiento de Lisboa.

Discriminación oficial en un destino gay-friendly

En 2010, poco después de la aprobación del matrimonio igualitario en tierras lusas, el entonces alcalde –y actual primer ministro socialista de Portugal– António Costa afirmó que se permitirían las candidaturas de personas LGTBI en futuras ediciones de las Bodas de Santo Antonio. Sin embargo, ante el escándalo generado por el anuncio, un día después el regidor reculó y aseguró que se había producido un “error de interpretación”.

“Nunca se nos pasaría por la cabeza hacer semejante cosa”, dijo el entonces alcalde. “Estamos hablando de una iniciativa que se realiza bajo el patrocinio de un santo de la Iglesia católica. Tenemos que respetar los sentimientos religiosos”.

El asunto quedó aparcado, pero casi una década después –y tras la celebración de miles de bodas entre personas del mismo sexo en Portugal– el veto municipal vuelve a ser polémico. En los últimos años Lisboa se ha convertido en uno de los destinos turísticos gay-friendly más populares de Europa, y bajo el liderazgo del alcalde Medina el Ayuntamiento ha intentado mostrar mayor apoyo a la comunidad con pequeños gestos, alzando la bandera del arcoíris en el Día Internacional contra la Homofobia, y dando luz verde a la apertura de la Casa da Diversidade, el primer centro municipal LGTBI de la capital. Sin embargo, muchos miembros del colectivo reclaman avances mayores en términos de la visibilidad e inclusión del colectivo, y lamentan que los políticos apenas valoren la comunidad cuando su presencia implica beneficios financieros o ventajas electorales.

En mayo ya hubo una polémica similar cuando cayeron dos proyectos para crear pasarelas de peatones con los colores del arcoíris en distintos distritos de la capital. En esa ocasión la Autoridad Nacional de Seguridad Vial (ANSR, según sus siglas en portugués) intervino para exigir la eliminación de unos pases de cebra coloridos al considerar que éstos representaban una violación de la Regulación de la Señalización del Tráfico lusa.