Anticorrupción pide siete años de cárcel para los exconsejeros Arturo Canalda, Juan Bravo y Pedro Calvo, por la expansión del Canal a Latinoamérica

Madrid

Anticorrupción ha presentado su escrito de acusación al juez del caso Lezo, Manuel García Castejón, en el que concluye que la expansión de la empresa pública de aguas en 2001 con la operación de compraventa en Colombia de la sociedad Inassa fue irregular en todas sus fases de licitación.

Por ello, pide siete años de cárcel -la pena más alta para los cargos públicos- para Arturo Canalda, Director Gerente del Canal desde septiembre de 2001, los exconsejeros pedro calvo y Juan Bravo; y Juan Antonio de Cachavera y Juan Pablo López; y 6 años de prisión para 17 empresarios y el ex altos cargos por un delito de malversación de fondos públicos. Además, en concepto de responsabilidad civil solicita que indemnicen al Canal “conjunta y solidariamente” con 19 millones de euros, sin perjuicio de que la cantidad pueda ser mayor en la fase de conclusiones definitivas.

A petición de la Fiscalía, el juez levantó la imputación a los expresidentes de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón e Ignacio González.

“Pelotazo” de 35 millones

La Fiscalía concluye en su escrito que el proceso de expansión internacional, de Madrid a Colombia, en el año 2001 fue irregular en todas las fases de la licitación. Para ello, recuerda que se llevó a cabo mediante la compra del 75% de la colombiana INASSA para lo cual creó la sociedad Canal Extensia, participada en un 75% por el Canal y en un 25% por la mercantil Técnicas Valencianas del Agua (Tecvasa), de la cual formaban parte un grupo de empresarios, con Francisco Olmos a la cabeza, y que formarían parte del consejo del Canal.

“La adquisión de Inassa estuvo plagada de ilicitudes”asegura Anticorrupción y, “contraviene a lo autorizado, se realizó de manera indirecta, pues lo que realmente se compró Aguas de América (SAA), entre cuyos activos se encontraba, por un lado Inassa con el 75% y el 51% de la sociedad dominicana WATCO. Una estructura societaria que permitió “un desvío de fondos públicos destinados a su pago debido el sobreprecio abonado”.

Para la operación fue clave el papel de Francisco Olmos, Francisco Javier Vilaplana, Esteban Palacios, Ángel Conde y Santiago García. Los acusados, a través de la venta de distintas participaciones de Inassa, Aguas de Barcelona (Agbar) y una sociedad panameña SAA, iniciaron un proceso de venta que culminó a principios del año 2002 con su venta al Canal de Isabel II, “por un sobreprecio muy superior a su valor real, obteniendo así, a costa del erario público autonómico, cuantiosas plusvalías de la que se beneficiaron tanto ellos como los socios locales colombianos”.

Desvíos en Panamá

En este proceso participaron también el Director Económico y de Desarrollo del canal, José Antonio de Cachavera y Juan Pablo López Heras, subdirector de Nuevos negocios del Canal, ambos permitieron llevar a cabo la operación interponiendo una sociedad panameña y, por tanto, “anteponiendo los intereses de los vendedores a los del ente público, al que causó un grave prejuicio”.

Una actuación que contó con el beneplácito de Arturo Canalda, Director Gerente del Canal desde septiembre de 2001, por permitir la interposición de la panameña y el sobreprecio y facilitó su tramitación para ello “y la presentó a los Consejos de Administración a fin de obtener la preceptiva autorización”.