La Guardia Civil alertó al juzgado del peligro que corría el niño de 10 años asesinado por su padre en Beniel
La fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer admite que ha fallado el sistema judicial
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia aclaran que la pareja todavía estaba en trámites de divorcio
Fachada del inmueble donde ocurrió el suceso. / EFE / Baldo Cortón
Madrid
Nuevos datos sobre el caso del hombre de 39 años (y con antecedentes por malos tratos) que ha matado a su hijo de 10 años en la localidad murciana de Beniel. La Guardia Civil alertó al juzgado de violencia de Murcia de que el menor asesinado y su hermano estaban en una situacion de riesgo.
En el atestado que se envió, los agentes le pedian que hiciese una valoración forense adicional al detectar que se trataba de un caso de especial vulnerabilidad para los niños por las ideas suicidas y por los transtornos mentales del padre que acabó matando al menor de los hermanos durante el regimen de visitas.
A pesar de que la madre no temía por la integridad de los niños cuando presentó en junio la denuncia por coacciones, los agentes pidieron al juzgado que realizase una valoración forense adicional. Así figura en el informe policial, al que ha tenido acceso la Cadena SER, y en el que se afirma que la Guardia Civil aplicó de manera escrupulosa el protocolo de valoración de riesgo y también que se protegió correctamente a la madre, calificando de medio su riesgo en el sistema Viogen.
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El informe concluye que, lamentablemente, no se puede proteger a los hijos cuando no existe una suspension del regimen de visitas, como en este caso. En declaraciones a la SER, la fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer, Pilar Martín Nájera, admite que falló el sistema judicial: "No se ha actuado bien. Esta persona había sido condenada por un delito de coacción, pero se le había suspendido condicionado a que no volviera a delinquir ni se pusiera en contacto con su mujer. Quebrantó esa medida de alejamiento y debería haberse acordado la prisión, pero no se acordó".
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia aclaran que la pareja todavía estaba en tramites de divorcio y que el juzgado aún no se había pronunciado sobre las medidas civiles. Confirman que sí habia un regimen de visitas acordado por ambas partes en un convenio regulador firmado en el juzgado de familia, pero como la demanda no estaba resuelta, no había una decisión judicial. Las mismas fuentes añaden que la jueza de violencia lo condenó a seis meses de prisión por la denuncia de coacciones y luego a cuatro meses por quebrantar el alejamiento.
Tambien ha abierto una investigacion de oficio por la falta de protección al menor el Defensor del Pueblo.
