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Domingo, 22 de Septiembre de 2019

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Escándalo en Portugal por los kits inflamables repartidos por el Estado en zonas afectadas por incendios

El adjunto al secretario de Estado de Protección Civil ya ha dimitido por la polémica

Los chalecos reflectantes y las bragas antihumo son de un material altamente inflamable

Los materiales distribuidos fueron encargados a empresas ligadas al gobernante Partido Socialista

Un avión lanza agua sobre un incendio forestal en Chaveira (Portugal), el pasado lunes 22. / ()

En plena temporada alta de fuegos forestales en Portugal aumentan las críticas de la gestión gubernamental de los incendios. Mientras que la semana pasada se censuró al Ejecutivo por no tener medios suficientes desplegados en los frentes más activos de los macro incendios que han arrasado el centro-interior del país vecino, este lunes la polémica tiene que ver con las medidas fallidas puestas en marcha para proteger a la población en las zonas más castigadas por las llamas.

Durante el pasado año la estatal Autoridad Nacional de Protección Civil (ANPC) ha repartido más de 15.000 kits con chalecos reflectantes y hasta 70.000 bragas de cuello anti humo entre los residentes del interior luso, dentro del marco de la iniciativa ‘Aldeas Seguras, Personas Seguras’. La polémica ha estallado al descubrirse que estos elementos –que deberían ser utilizados por los aldeanos cuando huyen de las llamas– están hechos con poliéster, material altamente inflamable que arde con facilidad cuando entra en contacto con las llamas.

El caso –calificado como “gravísimo” por la Liga de los Bomberos Portugueses– ha adquirido una dimensión mayor al demostrarse que los materiales distribuidos por la ANPC fueron encargados a empresas ligadas al gobernante Partido Socialista de Portugal. La mayoría de los contratos fueron adjudicados a Brain One, empresa que tiene varios acuerdos firmados con el Ayuntamiento de Arouca – municipio gobernado por José Artur Neves, el actual Secretario de Estado de Protección Civil, entre 2015 y 2017–, y a Foxtrot Aventura, compañía que pertenece al marido de una alcaldesa socialista en Guimarães.

El Ejecutivo de António Costa –que aspira a un segundo mandato al frente del país en las elecciones legislativas del próximo mes de octubre– evitó adjudicar los contratos a través de un concurso público alegando que se trataba de un encargo urgente en el marco de la campaña de prevención y protección de la ciudadanía. En total, 350.000 euros fueron destinados a la compra del material, que posteriormente fue distribuido en 19.000 aldeas lusas. Las 70.000 bragas de cuello costaron 102.000 euros, un precio muy por encima del valor del mercado.

Inicialmente el Gobierno negó cualquier conexión con el escándalo y el ministro de Administración Interna, Eduardo Cabrita, ridiculizó a los medios que investigaban el asunto, afirmando que muchos objetos comunes podían resultar ser inflamables, entre ellos las rejillas de los micrófonos utilizados por los periodistas. El lunes, sin embargo, el Ejecutivo se ha visto obligado a lanzar una investigación del asunto, que ya tiene su primera víctima política: Francisco José Ferreira, adjunto del Secretario de Estado de Protección Civil.

El político de 30 años de edad –que es líder del Partido Socialista en Arouca, y que trabajó de pastelero hasta ser fichado para “ejercer funciones de técnico especialista” de Protección Civil en 2017– se ha declarado único responsable del escándalo. Ante los medios ha asegurado que fue él quien adjudicó los polémicos contratos, si bien de momento rechaza explicar cómo y porqué decidió hacer los encargos a las empresas implicadas en el caso.

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Cadena SER

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