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Domingo, 22 de Septiembre de 2019

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La realidad de los vientres de alquiler

En España es una práctica prohibida, sin embargo, la orden de 2010 por la que el Colegio de Registradores y Notarios puede inscribir en nuestro país a los bebés nacidos a través de esta práctica supone "la legalización de facto de los vientres de alquiler"

La realidad de los vientres de alquiler / ()

Vivimos tiempos en los que el imparable capitalismo global convierte todo en mercancía y posibilita su comercialización. Todo es susceptible de ser comprado y vendido. Tanto es así, que para tener un hijo solo necesitas dinero, y si no, existen mecanismos para conseguir financiación. Frank y Eulogio han optado por realizar una campaña de crowdfunding para alcanzar lo que creen “es un derecho”; ser padres.

El método elegido por la pareja es la de los vientres de alquiler, una práctica que supone que una mujer geste un bebé y ceda la paternidad y maternidad del niño a terceros. Los vientres de alquiler son una práctica prohibida en España, pero hay familias o personas solteras que –a través de la intermediación de agencias- viajan a otros países donde sí es legal.

Frank y Eulogio se han inclinado por alquilar el útero de una mujer de Estados Unidos principalmente por dos razones. La primera y más importante, es legal, y la segunda razón, es que “permite el acceso a parejas homosexuales”. Sin embargo, la opción de Estados Unidos es la más cara, el pack completo cuesta alrededor de 150.000 euros, una cantidad que esta pareja no puede hacer frente. Por ello, han iniciado una campaña de crowdfunding bajo el lema ‘Queremos ser padres’, con la que pretenden recaudar unos cien mil euros.

Este es el último caso en el que una pareja recurre al micromecenazgo para financiar el alquiler de un útero, sin embargo, desde Stop Vientres de Alquiler alertan de que “son numerosos los casos” y no solo eso, existen estrategias de marketing y ‘guías’ que explican paso a paso como crear una “exitosa campaña de crowdfunding para poder comprarte un hijo”.

La plataforma Stop Vientres de Alquiler integrada por cuatro mujeres –Ana Trejo Pulido, Vanesa Rodríguez, Inma Guillen y Teresa Domínguez – nace en 2017 con la necesidad de crear conciencia de que, lo que se conoce como gestación subrogada, no es más que la “explotación reproductiva de mujeres y un mercado de bebés”.

Denuncian que es una práctica que se “está convirtiendo en algo a lo que aspiran ciertas personas, superficiales y carentes de ética”. Una opinión que está en la línea de lo que piensa la abogada experta en Derechos Humanoso Nuria González, que afirma que los vientres de alquiler evidencian “la frivolidad de la gente” que accede a esta práctica que “viola los derechos de las mujeres y de los niños”.

Para Stop Vientres de Alquiler es “la manifestación más visible del tráfico de menores y trata de mujeres con fines de explotación reproductiva”. Una actividad que además de la incuestionable violación de los derechos de las mujeres, supone la violación del derecho a la identidad de los niños que nacen de un vientre de alquiler. Nuria González advierte que se trata de una actividad “que busca erradicar la identidad de la madre” a pesar de que es un derecho fundamental que recoge la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la Niña.

En este sentido, González denuncia que en el Estado español se están violando estos derechos desde 2010, cuando se aprobó la orden por la que el Colegio de Registradores y Notarios puede inscribir en nuestro país a los bebés nacidos a través de vientres de alquiler. Se trata de la orden administrativa sin rango de ley que, según la abogada, se podría “eliminar sin más trámites” y supondría “la paralización en seco de las inscripciones de los niños nacidos a través de esta práctica”.

Por su parte, el Gobierno, que se ha posicionado en contra de los vientres de alquiler, elude terminar con esta norma administrativa que las asociaciones y plataformas feministas denuncian desde hace años porque supone “la legalización de facto de los vientres de alquiler”. No obstante, “valoran positivamente” la petición del Ministerio de Justicia a la Fiscalía General del Estado para que investigue a las agencias que operan en España.

En el comunicado emitido este lunes, el Gobierno en funciones recuerda que la gestación por vientres de alquiler es una práctica prohibida por la legislación española y que las agencias que ofrecen estos servicios en nuestro país se lucran mediante esta actividad ilegal que realizan en otros países. El Ejecutivo advierte de la posibilidad de que en esos terceros países se vulneren los derechos de las mujeres gestantes y que, en ocasiones, se hagan pasar por hijos a niños nacidos sin relación genética alguna con las parejas.

Poco después de este anuncio, desde Son Nuestros Hijos se publicó un escrito en el que se solicitaba al Gobierno en funciones a que en lugar de “intentar crear una falsa alarma” siguiera el camino de aquellos países que se han decidido a regular esta práctica. Añadía el comunicado que lamentan que se utilice al Ministerio de Justicia para “crear pompas de humo que no tiene más recorrido que seguir señalando a la gestación subrogada como fuente de un supuesto conflicto que, en la sociedad española, no existe”.

La abogada Nuria González considera que esta iniciativa del Gobierno “llega tarde, puesto que desde que se aprobara la normativa en 2010 se han inscrito casi 2.000 niños nacidos mediante vientres de alquiler”. Asimismo, reprocha que el Ejecutivo distinga entre países en los que se respetan los derechos humanos de los que no y sostiene que “la práctica de los vientres de alquiler siempre, en cualquier país, viola los derechos de las mujeres y de los niños”.

Manifiesta que el comunicado “no tiene ninguna credibilidad” y exige la derogación de la orden del Colegio de Registradores y Notarios. Al tiempo recuerda que L'Escola, asociación que representa, ya interpuso en marzo del pasado año una demanda contra varias agencias en la Audiencia Nacional para que se investigara las actividades que desarrollan estas empresas en nuestro país.

Nuria González destaca que estas agencias no se pueden dar de alta como agencias de vientres de alquiler porque es ilegal. En España se inscriben como agencias de viajes, inmobiliarias o como empresas que ofrecen alquileres turísticos, “actividades económicas que no concuerdan con el servicio que ofrecen”. A su juicio se trata de “un fraude de ley, se dan de alta como otro tipo de actividad que nada tiene que ver con la que ofrecen abiertamente”, lo que le lleva a cuestionarse por qué Fiscalía no hace nada al respecto.

¿Vientres de alquiler o gestación subrogada?

Esta práctica, en la que una mujer gesta un hijo cuya maternidad y paternidad cede a otras personas, despierta discrepancias incluso en la terminología que se debe emplear para denominarla. Desde la asociación Son Nuestros Hijos defienden que la designación apropiada es la de gestación subrogada o gestación por sustitución, y manifiestan que “es el término legal, clínico, jurídico y lingüístico acuñado, utilizado y aceptado”. Esta asociación a favor de los vientres de alquiler se ampara en el hecho de que esta calificación está reconocida como la más adecuada por la Sociedad Española de Fertilidad, la Organización Mundial de la Salud, el Tribunal Supremo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Convenio de la Haya y el Ordenamiento Jurídico español.

Sin embargo, esta designación no convence a las organizaciones, plataformas y asociaciones feministas que sostienen que la gestación subrogada “no existe”. Desde Stop Vientres de Alquiler afirman que “lo que existe es explotación de mujeres con fines reproductivos y tráfico de bebés. La expresión alquiler de vientres o vientres de alquiler denota la cosificación e instrumentalización de los cuerpos de las mujeres sometidos a una práctica violenta para satisfacer el deseo egoíco de paternidad genética de terceros”.

La plataforma justifica que “el embarazo compromete todo el cuerpo de la mujer, no solo su vientre. El bebé que va desarrollándose se alimenta de la sangre de su madre, se nutre del calcio de sus huesos. Desde las primeras semanas de gestación se produce un diálogo, entre madre y bebé, un intercambio que tiene lugar a nivel celular y también a nivel del apego afectivo”.

En este sentido, Nuria González aclara que no se puede hablar de subrogación, simplemente porque “no se puede subrogar una función vital, y el embarazo lo es”. La abogada prefiere hablar de alquiler de personas antes, incluso que, de vientres de alquiler, un término que para ella se queda pequeño. “Una mujer no solo embaraza su vientre, embaraza todo su cuerpo y las consecuencias se sufren en todo el cuerpo”, por este motivo insiste en que se trata de “un alquiler de personas para que hagan la función de incubadoras humanas”.
Un juicio en el que también insisten en Stop Vientres de Alquiler: “No son vientres, son mujeres, madres explotadas y bebés comprados en el contexto de un negocio criminal internacional que genera más de 6.000 millones de euros anuales”.

El dinero en un segundo plano

El debate en torno a esta práctica está abierto. Mientras unos defienden su derecho a formar una familia, otros rechazan esta práctica porque consideran que vulnera los derechos de las mujeres y de los niños. Los defensores de los vientres de alquiler ponen el foco en un supuesto altruismo para alejarla del negocio que supone esta práctica para agencias, clínicas, abogados, psicólogos… La plataforma Stop Vientres de Alquiler sostiene que “todos los agentes que conforman el ecosistema criminal implicado en esta aberración que implica la explotación de mujeres con fines de reproductivos, se lucran y mucho”.

Además, las diferentes regulaciones basadas en ese supuesto altruismo contemplan compensaciones económicas para la gestante. La plataforma habla de la necesidad de explicar que independientemente de la modalidad, ya sea comercial o altruista, siempre existe de por medio “un contrato entre particulares sujeto a derecho mercantil, es un negocio, cuyo objeto final es la entrega de un ser humano recién nacido. A las mujeres no se las contrata solo para gestar y parir, sino para que entreguen el producto: el bebé, un ser humano que el objeto real del contrato”.

Por su parte, Nuria González mantiene que “el altruismo no existe, porque ninguna mujer que no necesite el dinero se presta” pero, aunque fuera gratuito, tampoco lo ve admisible: “Los bebés no son cosas que se pueden someter a un contrato mercantil, son personas; las mujeres son madres, no propietarias”, concluye González.

Un riesgo para la mujer gestante

Las mujeres que se someten a esta práctica –ya sea altruista o con fines comerciales- “son vulnerables desde un punto de vista emocional, social y económico”, tal y como apunta Stop Vientres de Alquiler. De forma generalizada, estas mujeres “viven en un contexto de gran desigualdad social y económica que afecta especialmente a las mujeres de clase obrera, racializadas, jóvenes y con bajo nivel educativo”.

Estas mujeres, además de correr los riegos que entraña cualquier embarazo, con un contrato de por medio se ven “obligadas a ceder su autonomía y soberanía reproductiva”. Una cesión que se traduce en que son, por un lado, las clínicas, y por otro los clientes, quienes toman las decisiones sobre todos los aspectos de la vida y salud de la mujer gestante durante los meses que dura el embarazo y los meses previos a la concepción.

La plataforma Stop Vientre de Alquiler enumera una serie de riegos asociados a las concepción, gestación y parto impuestas en los contratos a los que se someten las mujeres que gestan un bebé para otras personas:

  • Gestar una criatura que genéticamente no es propia supone un mayor riego para sufrir complicaciones graves como la preeclampsia. La hiperestimulación hormonal necesaria para mantener el embarazo puede derivar en síndrome de hiperestimulación ovárica, que produce dolor y que, a veces, exige la hospitalización, puede provocar un fallo renal, posible infertilidad futura e, incluso, la muerte. 
  • Se transfieren múltiples embriones para aumentar las tasas de éxito, lo que provoca un mayor riesgo de embarazos múltiples, hipertensión arterial, preeclampsia, diabetes gestacional y hemorragia postparto. 
  • La realización sistemática de pruebas invasivas de diagnóstico prenatal (amniocentesis, biopsia corial) para descartar la posibilidad de anomalías genéticas en el feto, aumenta las pérdidas fetales y acarrea complicaciones como fuertes dolores, infecciones o sangrados. 
  • El riesgo que supone inducir un parto y por cesaria -se  hace en un altísimo porcentaje de casos- para facilitar la organización de las clínicas y que los padres de intención estén presentes en el parto.
  • Este tipo de gestaciones también se ve incrementado el riesgo de depresión postparto, estrés postraumático y psicosis puerperal. 
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