Unidas Podemos y Esquerra piden la comparecencia de Carmen Calvo por la crisis del Open Arms
La formación morada rectifica a su portavoz adjunta en el Congreso, Ione Belarra, que había anunciado que pedirìan la comparecencia de Sánchez, sumándose así a la iniciativa de PP y Ciudadanos. En la práctica, ambas iniciativas se anulan y será el PSOE el que decida que miembro del Gobierno en funciones explica lo sucedido.
Madrid
Unidas Podemos y Esquerra Republicana, con el apoyo de Compromís desde el Grupo Mixto, han presentado una demanda para que la Diputación Permanente convoque un pleno extraordinario del Congreso de los Diputados para que la Vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, explique la gestión de la crisis del "Open Arms" en el Mediterraneo Central. De esta manera, ambos grupos se desmarcan de la iniciativa de PP y Ciudadanos de que sea el Presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, quien de explicaciomnes de lo sucedido a la Cámara.
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A juicio de Unidas Podemos, Calvo es la persona que ha gestionado la crisis del Open Arms en ausencia de Pedro Sánchez, que se encontraba descansando en Doñana. Este es el argumento de la formación morada después de que su portavoz adjunta Ione Belarra, en una entrevista a la agencia Europa Press, hubiera anunciado que la petición de su grupo sería para que Sánchez compareciera, "porque todo el mundo en nuestro país cree que se ha actuado tarde". Dos horas después, la propia Belarra aclaraba que se había tratado de un error por su parte.
Unidas Podemos rectifica
En cualquier caso, rectificación estratégica o no, Unidas Podemos presenta una alternativa a la demanda de PP y Ciudadanos de que fuera Sánchez quien diera las explicaciones. Un asunto que se debatirá en una Diputación Permanente que, según fuentes parlamentarias consultadas por la SER, podría celebrarse el martes o el miércoles de a semana que viene.
Diputación permanente la semana que viene
En esa Diputación, según fuentes de la formación morada, Unidas Podemos no apoyará la peticiónde PP y Ciudadanos, lo que, en la práctica, anula que el presidente comparezca en un pleno a no ser que lo haga a petición propia o que el PSOE apoye la pretensión de la oposición.